No dejes que se enfríe el café, decía mi papá cuando solía adivinar que estábamos perdiendo el tiempo. Se hace aguado, recalcaba; pierde su aroma, advertía. No solo era un consejo para la mesa, en realidad lo era para la vida.

La promesa de facilitar la prelibertad de al menos 5.000 presos parece que se va enfriando. Quizás sin intención; posiblemente por la llegada de nuevos ‘asuntos’ en el país, que van bajando la prioridad que tenía esta promesa cuando estuvo en boga el tema del hacinamiento en las prisiones, como una de las causas de las últimas masacres.

Entonces escuchábamos a las autoridades hablar de indultos, de repatriación de reos, de facilidades para que miles de privados de la libertad, que han cumplido con el 60 % de sus sentencias, puedan acceder a regímenes semiabiertos. Pero de las palabras no hemos pasado a los hechos y es la consecuencia de una penosa realidad de los presos pobres: pobres presos.

Sin la posibilidad de pagar abogados particulares, sus procesos de prelibertad son largos y engorrosos, y lo reconocía el anterior director de prisiones Fausto Cobo, al tiempo de admitir que se requerían de al menos 1,6 millones de dólares para procesar las miles de solicitudes represadas.

Antes de seguir escribiendo, quiero recordarles, amigos lectores, que la prelibertad es legal y existe como un beneficio para quienes hayan cumplido las dos terceras partes de su sentencia, no tengan faltas disciplinarias ni otros procesos pendientes, se encuentren en mínima seguridad y tengan un informe psicológico favorable. Suena fácil, pero no lo es, a menos de que se trate de un preso con recursos económicos y abogados particulares dedicados a la causa.

Qué bien harían las universidades con sus alumnos de Jurisprudencia manejando estos procesos en favor de los presos con derecho a prelibertad. Con voluntad política, todo o casi todo parece posible.

Estos beneficios no significan la solución al problema del hacinamiento, también debe hacerse conciencia del facilismo de nuestros jueces de disponer la prisión preventiva de manera tan ligera.

El 75 % de las víctimas de la última masacre carcelaria no tenían sentencia, estaban con prisión preventiva; significa que les asistía el derecho de considerarse ‘inocentes’ al no haberse declarado su culpabilidad. El 33 % de ellos tenían menos de 25 años (cifras ofrecidas por la ministra Bernarda Ordóñez). Dicho de otra manera, eran carne de cañón de las bandas organizadas y perfectamente identificadas en las prisiones.

Los conocedores del sistema carcelario en el país dicen que los presos pobres llevan la peor parte tras los barrotes. Son obligados a identificarse con una banda, so pena de no tener protección; y si no pueden pagar una cifra mensual por dicha protección, deben ofrecer sus servicios, de todo tipo. Cocineros, lavanderos, mucamos, alguna actividad que pueda compensar la falta de pago por protección.

Este tipo de historias se contaban en las afueras del parque Samanes, mientras cientos de familias esperaban noticias de la identificación de los cadáveres. En su mayoría habían recibido noticias “desde adentro” comunicándoles que sus presos “cayeron”, aun sin ser parte de las bandas, sino obligados por estas a ocupar un lugar en los enfrentamientos. “Es que somos pobres”, gritaba una madre, “nuestros hijos son los pobres presos” continuaba. Y de muchas maneras es cierto.

Los presos pobres tienen menos oportunidades de tramitar libertad si no tienen sentencia, o de perseguir el beneficio de la prelibertad aun cuando han cumplido el 60 % de la pena. La promesa está en el aire y tal parece que enfriándose.