Hay una entidad en la que he creído ha sido la Corte Constitucional del Ecuador, integrada por magistrados de lujo. Ha tenido en sus manos resolver la despenalización del aborto por violación, una meta buscada incesantemente por diversas organizaciones de derechos humanos.

Muchos pensamos que en el año 2013 iba a ser posible. Después de todo había un grupo de legisladoras consideradas progresistas, con voz fuerte e ideas revolucionarias. Pertenecían a la Revolución Ciudadana, el partido del gobernante Rafael Correa y se habían hecho escuchar en el sentido de que debatirían y resolverían el aborto por violación... Lo suyo no llegó ni a discusión en el pleno del legislativo. Calificadas de desleales fueron silenciadas y como si fuera poco, sancionadas por su partido. Habían enfurecido a su líder, conservador y católico.

En 2019, el tema volvió a la Asamblea Nacional, ya en el gobierno de Lenín Moreno. La propuesta en manos de los legisladores era ampliar las excepciones para permitir el aborto hasta la semana 14. No hubo los votos necesarios y siguieron vigentes solo 2 excepciones para no penalizar el aborto: Cuando la madre esté en peligro de muerte por el embarazo y cuando una mujer discapacitada mental ha sido violada y embarazada.

Tres organizaciones no se conformaron con esta respuesta del poder legislativo y fueron por una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 149 y 150 del Código Integral Penal que hablan sobre el aborto consentido y el aborto punible, planteando que son incompatibles con el artículo 66 de la Constitución. La demanda de Miriam Tejada, de la Coalición Nacional de mujeres del Ecuador; Olga Gómez de La Torre, de la Fundación Desafío, y Katherine Obando, del Frente Ecuatoriano de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, fue admitida a trámite por la Corte Constitucional, fijándose fecha para su análisis y resolución.

En la víspera, las redes sociales eran un hervidero de opiniones. Los grupos feministas vs. los provida; los conservadores vs. los liberales y el comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana señalando que “el crimen de la violación no se soluciona con otro crimen”. Sí, es una manera de mirar las cosas. Pero hay otras, como el que cuentan las cifras oficiales: 1 de cada 10 mujeres en Ecuador ha sufrido violencia sexual. 7 niñas ecuatorianas de entre 10 y 14 años, dan a luz cada día como consecuencia de un embarazo forzado, producto de una violación.

Fácil resulta opinar sobre la vida y decisiones de otros cuando no es nuestra vida y nuestra decisión. Amorosos los mensajes en Twitter, consejos llenos de valentía y coraje… Como si las palabras lograran cambiar la realidad de una niña obligada a ser mamá, y destinada a dejar en segundo plano sus ilusiones y encima estigmatizada por su familia y la sociedad. Si ellas y/o sus familiares consienten el aborto pueden enfrentar un juicio y una pena de entre 1 y 3 años de prisión. Y que nadie repita que no existen estos casos: Los hay y las víctimas son normalmente pobres y sin educación.

Se ha esperado con ansias este fallo de la Corte Constitucional que podría evitar nuevas sanciones contra el Estado Ecuatoriano, como ocurrió el 14 de agosto pasado con el caso de Paola Guzmán Albarracín. Una adolescente violada por el vicerrector de su colegio y obligada a abortar causándole un trauma tan grande que terminó en suicidio. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos quedó demostrado que la niña ingirió diablillos para quitarse la vida porque no soportó su dolor, y que el Estado ecuatoriano no la protegió como era su obligación.

Mas allá de las consecuencias del fallo de la Corte Constitucional, muchos se preguntan si podemos albergar esperanzas de que estos casos sean tratados como un grave problema social y de salud pública, en un gobierno encabezado por un hombre conservador y del Opus Dei. La respuesta es Sí. Por eso traigo a esta columna las palabras del presidente electo sobre el aborto por violación, en una reciente entrevista con Ana María Cañizares de CNN “yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora, aspiro a ser presidente de Ecuador, un estado laico, y estoy dispuesto a respetar las opiniones diferentes a las mías. No pretendo imponer mis principios”. ¡Todo un desafío!