Sentada frente a la televisión el domingo pasado, recibí con agrado esa declaración sensible y solidaria del presidente electo al decir “A aquellas niñas que han tenido hijos y que cuidan niños: María de Lourdes y yo seremos sus padres, las protegeremos, las vamos a cuidar”. Discrepo con mis amigas feministas (reconociéndome feminista también), al buscarle, como dirían mis padres, “la quinta pata al gato sabiendo que tiene cuatro”. No comprendo cómo podían esperar una declaratoria formalísima, con palabras exactas y términos perfectos en esos momentos.

En ese discurso de proclamación de la victoria electoral, la sola mención del tema ha sido una señal inequívoca de cuán prioritaria será en el gobierno de Guillermo Lasso la problemática del embarazo adolescente en Ecuador. Es lo que creo. Entiendo que otros lo tomaron como una reacción, un complemento a la presentación de su familia, numerosa y tradicional, sin la pretensión de considerar que ese es el único tipo de familia en Ecuador. Todos sabemos que no.

A los críticos les pregunto: ¿Qué hay de malo en decir que él y su mujer serán como padres de esas niñas obligadas a ser madres? Todo lo contrario. Que no es el rol de un presidente ser padre, es cierto, pero no hallo más que sensibilidad y compromiso de darle cara a la triste realidad de Ecuador, con el tercer lugar en embarazos adolescentes en América Latina.

El dejar de lado su convicción religiosa para comprometerse a un debate futuro que exponga y ofrezca soluciones al aborto por violación, ya es un paso adelante, y recordemos que esto fue parte del discurso del entonces candidato, hoy presidente electo, quien también incluyó en sus promesas a la comunidad LGBTI. El presidenciable del pasado no había avanzado en esta dirección como lo hizo ahora, en su tercera campaña electoral, que fue la vencida.

Para hacer el anuncio de volverse padres con su esposa para las niñas convertidas en madres en Ecuador, debe conocer de sobra las aterradoras cifras: 26.000 embarazos de adolescentes cada año en Ecuador, en la mayoría de los casos como consecuencia de una violación. Hubo 1.816 niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz el año pasado, sin otra opción que convertirse en mamás a la fuerza.

La sociedad, la familia, la Iglesia y la ley suelen ser sus más grandes verdugos. En todos los niveles se exige a gritos castigar a los violadores, ¿pero quién es doblemente castigada? La niña violada, la niña embarazada como consecuencia del abuso sexual, a quien la ley puede condenar hasta con dos años de prisión, como reza el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.

Tengo expectativas en este sentido en el nuevo gobierno. La declaración de Guillermo Lasso la noche de la victoria me sonó a esperanza, a compromiso de tratar este tema como lo que es: un problema de salud pública y derechos humanos, lejos de un matiz religioso. Nunca dejemos de recordar que somos un Estado laico, lo cual no implica desconocer la religiosidad del país. El aporte de los grupos conservadores debería impulsar la figura de la adopción desde el vientre y la flexibilización de las condiciones para adoptar menores de edad en Ecuador.

Mientras dura el proceso de transición entre los gobiernos saliente y entrante, quiero creer que habrá un tratamiento especial a esas siete niñas de entre 10 y 14 años que dan a luz cada día en Ecuador, de acuerdo con cifras oficiales. Es alentador que el presidente y la primera dama quieran ser como otros padres para ellas y sus hijos.