Estamos, como sociedad toda, en medio del peor conflicto que recordemos. A pesar de que este es una guerra total y que el Gobierno debería tener un plan donde cada actor tenga un papel perfectamente definido, estas directrices no existen aún. Sin embargo, un papel fundamental para cerrar los espacios lo tiene el sector privado productivo.

En ese contexto es esencial que todas las políticas de prevención del lavado de activos deban ser respetadas. La banca tiene medidas de prevención, pero deben ser más rigurosas, y sabemos que eso traerá molestias a los usuarios formales y no vinculados con el crimen organizado, pero es parte del costo que debemos pagar.

Estas mismas políticas, y con mayor cuidado aun, deben ser instrumentadas por el sistema de cooperativas. Ambos sistemas conforman la vía de conexión de transformación de activos de origen dudoso en actividades de fachada lícita.

Un estudio de Celag establece que entre el 2 % y 5 % anual del PIB del país es de origen delictivo y fluye por estos canales.

Igual rigor debe tener el mercado de valores, aunque por su reducida dimensión es menos deseable, pero sin duda será utilizado cuando el resto de mecanismos sean más rigurosos.

El sector inmobiliario es otro mecanismo que fue ampliamente utilizado en la Colombia de los años ochenta y noventa, y debe tener medidas muy estrictas en la evaluación de potenciales interesados en bienes. Para quien vende un activo inmobiliario y para quien lo da en alquiler, la debida diligencia de investigar quién es la contraparte es exigible, y no sea que luego descubra sorpresas cuando la justicia haga su trabajo.

Todos los contratos de provisión de insumos y prestación de servicios deben contener cláusulas de prevención, sin perjuicio de la debida diligencia de estudio de contraparte. Además, es obligación de todos procurar el pago por medios electrónicos o bancarizados, evitando el efectivo.

Esta guerra también se gana haciéndole la vida más difícil al enemigo, y cada uno tiene un espacio de responsabilidad en ese objetivo.

Estas directrices son responsabilidad de los gremios también.