Francisco Rosales Ramos | Menos ministerios
Es la calidad de los servicios y la implementación de programas específicos lo que produce efectos notables
Veinte ministerios y nueve secretarías con nivel de ministerios son la antítesis de la más elemental norma de administración. Treinta personas (los veintinueve más la vicepresidenta) reportan al jefe de Estado. Absurdo e inmanejable, tanto porque el presidente debería dedicar demasiado tiempo para atender sus consultas y reuniones, cuanto porque tener sesiones de gabinete con ese número de participantes es absolutamente ineficiente. Seis minutos para que cada uno informe de sus actividades principales y consulte temas importantes consumirían tres horas de reunión antes de abordar cuestiones fundamentales.
De manera que reducir a doce ministerios y dos secretarías posibilitará tener un equipo de buen nivel que permita información, coordinación y análisis de los asuntos de mayor importancia en los campos político, internacional, económico y social. Las grandes decisiones las adopta el presidente, pero se nutre del pensamiento de sus ministros y estos se enteran de las decisiones del gobierno, sus fundamentos y sus resultados esperados.
Suiza, que tiene un PIB de USD 936.564 millones de (USD 103.669 per cápita) frente a USD 124.676 millones (USD 6.934 per cápita) de Ecuador, tiene un gobierno de siete ministros que anualmente se turnan para ejercer la presidencia del país. El nivel de vida de su población es de los más altos en el mundo y sus servicios públicos funcionan como ‘reloj suizo’.
Como era de esperarse, han surgido voces que cuestionan la fusión de ministerios y secretarías a título de que se trata de reducir el Estado y desatender a los ciudadanos. Habría que preguntarse si la existencia de ministerios como el de la Mujer, de Cultura, del Deporte, de Turismo -para citar algunos- han producido mejoras en cada uno de esos campos. Dicho de otra manera, es la calidad de los servicios y la implementación de programas específicos lo que produce efectos notables. De manera que la ciudadanía debería reclamar resultados tangibles y no el mantenimiento de organismos burocráticos que nada aportan al desarrollo del país, consumen enormes recursos públicos y aumentan el déficit fiscal.
