El último dato de deuda pública total que presenta Finanzas en sus fuentes oficiales es de $ 82.051 millones (M) hasta noviembre de 2023, de los cuales $48 mil millones son deuda externa, principalmente multilaterales y bonos; la deuda interna y otras obligaciones suman $ 29.000M, en donde destacan bonos locales y atrasos. Existen otros pasivos por $ 5.000M, con los cuales el tamaño de la deuda pública frente al PIB representa el 68 %. En julio de 2021 la deuda pública total expresada en dólares fue $ 79.018 M y representó el 74 % del PIB. Se podría destacar el endeudamiento bajo control y cumpliendo las metas de reducción para regresar a la relación Deuda/PIB del 40 % en los próximos años; sin embargo, esta aparente mejora en el manejo de la deuda pública no ha permitido la apertura de fuentes de financiamiento para atender el déficit fiscal.

En 2023 solo se pudo tomar financiamiento para pagar las amortizaciones de deuda y pasivos. El gasto que superó a los ingresos fiscales se lo tuvo que enfrentar con la disminución del saldo bancario de Finanzas y enorme cantidad de atrasos que ejercerán presión en 2024.

Al momento de consolidar la deuda pública se evidencia que casi la cuarta parte del total de deuda es en la misma casa, como diría un exministro de Finanzas, la esposa prestándole al esposo. Cerca de $ 20.000M que la Seguridad Social y Otros mantienen invertidos en bonos de deuda interna o acumulando atrasos, en lugar de que Finanzas acceda a financiamiento externo que mejore el nivel de reservas y aporte liquidez desde fuera de nuestra economía para dinamizarla.

Y por supuesto, no es que el Gobierno no lo sabe, lo tiene muy claro, pero el actual nivel de riesgo país no se lo permite.

Las puertas de financiamiento en mercados financieros internacionales permanecen cerradas. El riesgo país en los siguientes días podría bajar del nivel de 1.600 puntos, si es que la Asamblea logra la aprobación de la reciente ley tributaria o mucho más bajo si de esas casualidades no se ponen de acuerdo.

Para que las puertas del financiamiento puedan abrirse, el riesgo país debería caer más de mil puntos desde el actual 1.700 en que nos encontramos.

Hoy sabemos qué pasó con el informe de la comisión y qué reacción tuvo la Asamblea para incorporar o retirar elementos que sean discutidos en el segundo debate. El asunto es complejo para el Ejecutivo.

Supongamos por un momento que no está de acuerdo con la carga tributaria que castiga al crecimiento del crédito bancario, que pensaría que sí lo está, si retira esos impuestos, que no pueden ser fijados por la Asamblea, podría obtener como respuesta una negativa al incremento temporal del IVA y le complicaría el ejercicio presupuestario actual y futuro. Lo que le apruebe la Asamblea seguramente lo veremos siendo aprobado por el Ejecutivo.

Superado el tema impositivo, podría venir a continuación la consulta o pedido a la Corte Constitucional de la ampliación del plazo de “desmontaje” de las instalaciones petroleras del Bloque 43 del ITT.

Va quemando naves hasta llegar a enfrentar su mayor batalla, que será la focalización del subsidio del diésel, que lo aguarda paciente con un precio actual del crudo que le quita presión a su urgencia.