Carlos Alberto Reyes Salvador | El ocaso de un país petrolero
El desplome petrolero representa un grave obstáculo para la sostenibilidad macroeconómica del país
Tradicionalmente considerado un país petrolero, Ecuador atraviesa un proceso de involución productiva sin precedentes. Si en 2014, antes del colapso del precio del crudo, el país producía alrededor de 570.000 barriles por día, en julio de 2025 la producción cayó a 340.000 barriles diarios, su punto más bajo desde inicios del siglo XXI. Hemos perdido más del 40 % de la capacidad de producción en apenas una década. El panorama solo ha empeorado a principios de julio, pues la producción petrolera nacional se desplomó hasta los 94.845 barriles diarios, lo que representa una caída del 80 % respecto a los niveles de producción de junio.
Esta reducción sin precedentes no es consecuencia de un agotamiento de recursos, sino de decisiones políticas, negligencia operativa y ausencia de planificación estratégica. En un contexto de crisis fiscal y estancamiento económico, el desplome petrolero representa un grave obstáculo para la sostenibilidad macroeconómica del país.
Durante años, la economía ecuatoriana se ha sostenido sobre una matriz extractiva. El petróleo ha representado hasta el 30% de los ingresos fiscales en años de buenos precios. Hoy, esa fuente se desvanece, tanto por causas autoimpuestas como por fallas estructurales. La paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en junio de 2025, producto del avance de la erosión regresiva del río Coca -fenómeno previsto desde hace más de dos años-, dejó sin transporte a más del 60 % del crudo nacional. En simultáneo, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), operado por el sector privado, también suspendió operaciones, exponiendo la vulnerabilidad sistémica de toda la infraestructura petrolera.
El impacto económico ha sido devastador. Solo entre junio y julio, el Estado dejó de percibir más de 400 millones de dólares por ventas no realizadas. A esto se suman costos de reparación, penalidades contractuales y riesgos reputacionales. Petroecuador, que administra el 80 % de la producción, ha perdido más de 100.000 barriles diarios en los últimos dos años. Campos emblemáticos como Shushufindi y Sacha operan muy por debajo de su capacidad instalada, sin inversiones, con maquinaria obsoleta y sin una estrategia técnica coherente.
Pero no todo responde a la inoperancia del aparato estatal. En 2023, mediante consulta popular, el pueblo ecuatoriano votó con un 58 % a favor del cierre del Bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Las consecuencias económicas fueron inmediatas: la producción cayó en 55.000 barriles diarios y el Estado perdió una fuente que generaba alrededor de 1.200 millones de dólares anuales.
En paralelo, el déficit fiscal supera los 5.000 millones de dólares y la deuda pública bordea los 78.000 millones, más del 60 % del PIB. Mientras el país sigue dependiendo del petróleo para cubrir sus necesidades de liquidez, ha decidido renunciar a él sin una hoja de ruta para sustituirlo. No hay reforma fiscal estructural ni diversificación productiva efectiva. La inversión extranjera directa en el sector energético ha caído más de 35 % desde 2022 y los contratos de asociación con privados están paralizados o judicializados.
Urge repensar la política petrolera, definir un nuevo rol para Petroecuador, abrir el sector al capital privado con reglas claras y garantizar la protección ambiental con responsabilidad fiscal.
