En mi columna anterior, utilizando datos del informe para Ecuador del Barómetro de las Américas de Lapop, hice referencia a cómo el racismo ha aumentado en el país durante los últimos años y cómo esto afecta a nuestra sociedad y al tejido social. Otro factor que también incide en esa desintegración social es la falta de confianza que tenemos entre ecuatorianos y la que le tenemos a las instituciones.

Al respecto, en el capítulo 1 del informe, denominado “¿En quién confían los ecuatorianos?”, escrito por Paolo Moncagatta, se plantean hallazgos bastante inquietantes: desde 2014, la confianza interpersonal en Ecuador ha disminuido drásticamente, alcanzando su punto más bajo en 2023, con solo el 46% de los ecuatorianos confiando en sus conciudadanos. Aún más alarmante es la baja confianza en instituciones clave, situando a Ecuador entre los países latinoamericanos con menor fe en sus estructuras políticas y sociales.

La situación, ya preocupante, evidentemente se verá exacerbada por el entramado de corrupción y tratos ilícitos que se extiende desde los corredores del poder político hasta las entrañas de la administración de justicia que los casos Encuentro, Metástasis y Purga han destapado. Se ha descorrido un velo que ocultaba la podredumbre sistémica y las conexiones corruptas que han dañado seriamente la integridad de nuestras instituciones y que, evidentemente, disminuirán aun más la confianza que podamos tener en ellas y entre los ciudadanos.

Esta erosión de la confianza no solo desintegra el tejido social, sino que atenta contra la esencia misma de la democracia. La descomposición institucional que se ha revelado, además de socavar la fe de los ciudadanos en quienes deberían protegerlos, también pone en duda la capacidad del sistema democrático de cumplir con su papel. Así, cada vez menos gente lo apoya como el mejor sistema político.

Frente a esta crisis, la respuesta no puede ser otra que mano firme en la persecución y condena de los responsables, caiga quien caiga. De lo contrario, los cimientos de nuestra democracia se debilitarán aún más, con consecuencias potencialmente devastadoras para el tejido social y político de nuestro país.