Luego de cinco días de ocurrido el incendio en la cartonera Procarsa en Durán, una serie de interrogantes continúan en el aire. Y es que teniendo en cuenta, como lo publicó EXPRESO, que el fuego solo pudo ser controlado con bomberos que utilizaron el agua que los tanqueros y hasta un canal natural les proporcionaron, salta la pregunta de si cabe la posibilidad de que la compañía afectada demande a las autoridades locales por no tener solucionado el problema del agua potable en la localidad.

Días atrás, urbanistas y bomberos que participaron en la tarea de apagar el siniestro aseguraron a este Diario que de contar el cantón con los hidrantes necesarios y el líquido vital en su totalidad, las pérdidas podrían haberse reducido a la mitad.

Al respecto, abogados consultados en el tema advierten que “todo es posible en materia de Derecho” y sí se puede entablar una demanda. No obstante, el jurista Roberto Andrade no cree que sea necesario.

“Aquí el daño ya está causado. Lo que estaría buscando la empresa es una indemnización. Me parece una vía de justicia ordinaria de la responsabilidad del Municipio de Durán”, subraya. Agrega que el éxito o el fracaso de esa acción que se intentaría hipotéticamente interponer, depende de si Durán puede dar respuestas como: ‘sí cumplí con mi obligación, tal vez no de la forma como habría sido ideal, pero sí con otra’. “De acuerdo con eso se vería si es que hay o no la posibilidad de que falle a favor de la empresa”, argumenta.

Para el jurista José Flores, sin embargo, el camino más seguro para actuar frente a situaciones como esta es imponer una acción de protección contra alguna resolución del Ministerio de Finanzas, respecto al “bloqueo que no permite la solución definitiva de terminar la obra del agua en Durán”.

“La acción de protección busca que la autoridad que tiene la concesión prevenga a futuro este tipo de eventos, siniestros, desgracias. ¿Qué pasa si mañana ocurre otro flagelo enorme en la ciudad? ¿Se tiene que asistir de cantones vecinos?”, cuestiona.

Flores acota que la medida también puede ser puesta por la propia comunidad. Pone como ejemplo el caso de los habitantes de la ciudadela Brisas del Santay que resultaron afectados, al igual que otros moradores del cantón.

Por su parte, el fiscal César Peña señala que la responsabilidad absoluta es de la compañía y no del Municipio local, por lo que -explica- primero hay que analizar qué provocó el incendio y esperar los informes de Criminalística y peritos del Cuerpo de Bomberos. “De acuerdo con eso se inicia una investigación por parte de Fiscalía”.

A este punto se suma otra duda. Si Durán no ha contado jamás con agua potable, al menos no de forma directa o idónea, ¿por qué las autoridades de turno permitieron que se instale allí todo un parque industrial?

Brick Reyes, arquitecto y docente de la Universidad de Guayaquil, si bien no tiene claro cuándo este espacio empezó a desarrollarse y si, hablando solo de las industrias, estas cuentan con el servicio (lo que presume que sí, al creer que los industriales no se aventurarían a levantar sus negocios en una zona que no les proporcione algo tan básico como el agua), reconoce que ha faltado planificación.

“Aun si estas la tenían, el entorno no, y eso ha hecho que sean escasos o nulos los servicios urbanos, como los hidrantes, que permitan confrontar un incendio...”. Este siniestro, hace énfasis Reyes, ha desnudado las falencias de dotación de infraestructura.

Ahora lo único que queda, señala, coincidiendo con el planificador urbano Daniel Paladines, es invertir en una obra que dé por terminadas las molestias. “Por más que cueste tener agua, no se comparará a los beneficios que la población tendrá”. Lamentablemente, advierten los consultados, cuando la obra no es física, como una carretera o un parque, las autoridades tienden a ejecutarla a paso lento. De allí que Paladines hace un llamado a que sea la comunidad la que exija que la aceleren.

Para los urbanistas, resulta además fundamental que el Cabildo no permita que el parque industrial crezca más, puesto que son decenas de viviendas las que lo rodean. Tras lo ocurrido y el temor que dicen sentir los habitantes de que el hecho se repita, Reyes incluso sugiere que aquellas empresas que generan más riesgo sean, a futuro y forma gradual, reubicadas a otros sitios.

“Llegó el momento de que la localidad empiece a desarrollarse como se debe, Las viviendas no deben convivir con las industrias. Si ahora lo han hecho, como ha pasado en Guayaquil, no es culpa de las compañías, sino de los políticos que lo permitieron”.