Al menos en los últimos cinco años, la Policía, la Gobernación y el Municipio de Guayaquil han intentado frenar los hechos delictivos en la Zona 8 (integrada además por Durán y Samborondón) sin suerte. Frente a ello, EXPRESO dialoga con Taiano sobre las medidas a tomar y las primeras puestas ya en práctica, consideradas tibias por la ciudadanía.

Apenas la semana pasado, la Policía confirmó que solo en lo que va del año las muertes violentas se han incrementado en un 60 % en la zonal. Y que los robos de autos, asimismo, han aumentado en un 40 %. La Gobernación ha decidido realizar operativos permanentes e indefinidos conjuntamente entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Agencia de Tránsito y la Comisión de Tránsito. En total, más de 1.000 efectivos participarán en los controles. ¿Pero será suficiente?

¿Por qué pensar que los operativos sí darán resultado cuando años atrás, en otras administraciones, no lo han hecho?

Porque no solo haremos operativos. La seguridad es un tema álgido. Estos, sin embargo, serán permanentes. Personalmente, de hecho desde mi vehículo, estoy vigilando que los controles se ejecuten con el personal previsto en cada punto acordado. Para que esta medida logre los efectos deseados, hay que darle continuidad. Sin embargo, estos operativos son sobre todo para desarmar al delincuente, porque parecería que la Zona 8 es tierra de nadie. Aquí llegan, matan y nadie los puede coger. Entonces estamos haciendo cercos, a fin de iniciar también requisas y trabajos de inteligencia para desarticularlos.

¿Y han obtenido ya resultados?

Así es, está funcionando. No llevamos ni 15 días con esta medida y hemos decomisado ya 113 armas de fuego, 619 armas blancas y desarticulado a 29 bandas, cuyos miembros están en la cárcel. A estos les voy a hacer también seguimiento en la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. No nos estamos metiendo en otra función del Estado, sabemos que este tema no es competencia nuestra, sin embargo sí es de nuestra incumbencia. Tenemos que defender a la ciudadanía y eso implica hacer que se cumpla la ley, a fin de que la labor de la Policía no se vaya a la borda por la indebida labor de ciertos fiscales o jueces, que dejan en libertad al delincuente.

¿Cómo lograrlo? Antes lo han intentado. Se quiso incluso crear una comisión de veedores ciudadanos que puedan identificar a los jueces y fiscales corruptos, pero a la final no se llegó a nada...

Le he pedido al Consejo de la Judicatura que nos ayude capacitando a la Policía en la elaboración de partes policiales, ya que se decía que tenían determinadas falencias y que por eso el fiscal tenía que abstenerse de acusar al delincuente, o debía aplicarle medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta acción, que no hace otra cosa que ocuparnos un montón de policías para que los cuiden en sus casas, también la vamos a cambiar. El delincuente tiene que estar donde tiene que estar, punto. Pero, repito, solo el seguimiento a los casos permitirá llevar un monitoreo real. Por eso, un grupo de la Gobernación ya está trabajando con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, dándole seguimiento a los procesos y audiencias.

Cuando dice que los operativos serán permanentes, ¿a qué tiempo se refiere?

Al que dure mi administración. Estos no desaparecerán. Sin embargo, son varios los cambios que deberán aplicarse.

¿La militarización en las zonas rojas, por ejemplo? ¿Por qué no permitir que la presencia militar sea perenne en sitios como el cerro Las Cabras o Socio Vivienda 2, donde no hay programa ni autoridad que haya logrado reducir los crímenes?

Como ciudadano estaría deseoso de que los militares se queden ahí. Lamentablemente hay condiciones legales que no lo permiten. Pensar en reformarlas implicaría reformar la Constitución. Aun así, las Fuerzas Armadas trabajan y lo harán de igual forma de manera permanente. Ahora tenemos 1.000 uniformados (de distintas instituciones), pero nuestra meta es ir sumando más: 1.500, 2.000, los que sean necesarios. No obstante, para devolverle esa percepción de seguridad a la población, debe recuperarse el espacio público. Hay sitios donde desgraciadamente por la permisividad que hay con la tabla de consumo, que debe derogarse, todo se ha perdido. Ahí hay que intervenir. Hay que tratar a estos jóvenes como lo que son, adictos, y hay que atenderlos. Y paralelamente hay que recuperar las peatonales, calles y parques oscuros, grises y sin vida.

Allí el rol será de los alcaldes, entonces. ¿Se ha reunido ya con ellos para dar luz verde a este y otros planes?

Con la alcaldesa de Guayaquil tuvimos una reunión, aunque habrá muchas más con ella y los alcaldes de Durán y Samborondón para definir qué sitios serán los primeros en rehabilitarse, porque se lo hará; y cuáles serán las direcciones que harán un trabajo conjunto con nosotros. La Gobernación articulará todo esto, con los barrios y las entidades. Ya quisiéramos tener un policía por cada manzana, pero nadie en el mundo lo tiene. De allí que la ayuda debe venir de distintos frentes.

Usted asegura que la tabla de consumo debe derogarse. ¿Se lo ha planteado al presidente Guillermo Lasso?

Ha sido hablado no solo con el presidente, sino con el ministro del Interior; quienes están conscientes de que uno de nuestros principales problemas es la drogadicción y el microtráfico. Sin embargo, este tema es complejo porque pasa por una reforma legal que debe ser planteada en la Asamblea. Pero hasta que se derogue, tenemos la tabla y frente a ello hay que buscar mecanismos para ayudar a quienes están sumergidos en ese mundo. No podemos permitir que la gente siga drogándose públicamente y en presencia de la policía, sin temer la opción de hacer nada.

Las cárceles. ¿Qué hacer para evitar más conflictos?

Ese es otro tema complejo y nos preocupa, porque lo que pasa al interior de las cárceles se refleja en la ciudad, la provincia y el país. Por la falta de recursos y la participación del Estado, los carteles de la droga se han tomado los espacios a través de determinadas cabezas. Ahí hay que hacer sentir que hay Estado, que las cárceles no son tierra de nadie. En eso nos estamos enfocando. Esta semana la comandante general Tannya Varela entró a la Penitenciaría de Guayaquil con 1.500 hombres y requisó el lugar. Halló armas. Esta acción va a repetirse, se la realizará cada 15 o 30 días, algo que se analiza. Y se la replicará en las principales cárceles del país. ¿El fin? Identificar a los capos y ubicarlos en sitios donde no se maten entre ellos, ni puedan desde el interior articular tantas acciones en el exterior, como lo han venido haciendo.

¿Será suficiente?

En la medida de que no puedan impartirse órdenes, se combatirá el problema. No será la solución, pero sí ayudará.

¿Y qué pasará con la rehabilitación del menor de edad que asesina o delinque? Expertos en seguridad han hecho énfasis en penalizarlos como adultos para frenar su participación y reducir, por lo tanto, también los crímenes...

Efectivamente, rehabilitarlos no ha funcionado. Hay que reforzar por lo tanto ese proceso y penalidad, pero lo que más hay que hacer es hallar la causa por la que ha sido captado por las bandas. En este punto, nuevamente resulta fundamental mirar cómo crece en el barrio, en qué ambiente o con qué estructuras. No tener nada los hace pensar que nadie los ve, que el Estado los excluye. Las medidas que planteamos, si las analizan bien, son integrales. Funcionarán. No de la noche a la mañana, pero lo harán.

Otro eje de la Gobernación recae en participar en el proceso de vacunación, velando que se cumpla sin contratiempos. ¿Qué prevén para los próximos meses, en los que se avecina una vacunación masiva?

Estoy articulando las gestiones para que Salud haga convenios con todas las universidades del Guayas, para que sus estudiantes ayuden en el proceso. Capacitaremos a un banco de vacunadores y digitadores para que el proceso sea ágil.