Los asaltos a choferes, los robos de las unidades, las extorsiones y el pago de las denominadas ‘vacunas’, mantienen preocupados a los miembros de la transportación de expresos escolares a nivel nacional, quienes reiteran a la policía que les brinde mayor seguridad para poder trasladar sin inconvenientes a los estudiantes.

Solo en las últimas dos semanas se han registrado en Guayaquil cinco atentados contra unidades que brindan servicio a escuelas, colegios y universidades, así como a personal de empresas públicas y privadas.

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Uno de estos casos sucedió en Mucho Lote, cuando dos delincuentes, a bordo de una moto, le cerraron el paso a un expreso escolar que iba a recoger a niños. Los bandidos se bajaron y le robaron al conductor.

Otro caso fue en Mapasingue Este, donde se reportó el robo de una furgoneta escolar que luego fue recuperada cuando estaba parqueada en una vivienda en el suburbio oeste.

A los pocos días, balearon a otro expreso en el sector de San Francisco, frente a la Penitenciaría del Litoral. Seguidamente se reportó el robo de otra unidad.

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“La situación se sale de los límites y nos preocupa que esto ocurra cuando los niños vayan a bordo de las unidades”, indica Oswaldo Guamán, presidente de la Federación de Transporte Escolar, quien reporta que hasta ahora pasan de 2.000 los carros robados, baleados y asaltados en varias zonas del país.

Solo en Guayaquil se han robado 16 unidades y se han podido recuperar 13, por las que se ha tenido que pagar 13.00 dólares para recuperarlas.

Carlos Mendieta, otro conductor de expreso escolar, confirma que muchos de sus compañeros pagan las denominadas ‘vacunas’ para poder circular en sectores como Los Helechos y El Recreo, en el cantón Durán.

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Mientras que en Guayaquil, el peligro inicia desde la 25 de Julio, la Perimetral, Entrada a la Ocho, La Ladrillera, San Francisco, Mucho Lote, hasta llegar a Daule.

“Son cinco dólares por entrada. Más de 150 dólares al mes. De los 600 dólares que gana un transportista en una ruta, un cuarto de eso es lo que debe pagar por vacuna para salir a trabajar”, señala, al manifestar que por esta situación es que varios compañeros ya no quieren trabajar en la noche, especialmente los que hacen expresos institucionales.

Representantes gremiales manifestaron a EXPRESO su deseo de reunirse más a menudo con la Policía para trazar estrategias que disminuya este delito que pone en grave riesgo a los guayaquileños, en especial al estudiantado.

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“Hemos pedido a la Policía un corredor seguro para salir a trabajar, pero no recibimos atención. Cuando hemos sido víctimas del hampa, lo único que nos dicen es que presentemos la denuncia en la Fiscalía, pero todos sabemos que esta institución no resuelve nada. También nos piden que presentemos por escrito las zonas identificadas como peligrosas; pero la Policía las conoce y no hace nada”, lamenta un transportista escolar, quien prefiere el anonimato.

Miguel Pinos lleva 20 años en esta labor que la considera de mucha importancia, ya que se encarga de llevar de la casa al plantel y viceversa a los estudiantes, y gracias a su profesionalismo se ha ganaron la confianza de los padres de familia.

“Como conductores pedimos seguridad en nuestro trabajo, ya que todos comenzamos a laborar a las cinco de la mañana, antes de que el día aclare, y eso representa un peligro porque debemos estar expectantes de lo que pase a nuestro alrededor”, comenta.

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Marlon Mite, dirigente de una cooperativa, menciona que los hechos delictivos han quedado registrados en cámaras de videovigilancia que tienen varias unidades.

En Guayaquil circulan 2.483 expresos escolares, de los cuales 1.513 tienen cámaras de seguridad instaladas. En cada uno hay cuatro dispositivos: dos adentro para enfocar a los alumnos y dos afuera para monitorear a su alrededor.

Además, cerca del conductor hay un botón de pánico que al activarse emite una alarma que aparece de inmediato en las pantallas del sistema ECU-911 y en la sala de monitoreo de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

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Ambas instituciones identificarán el número de placa del carro en apuros, la identidad del chofer y la ubicación para atender la emergencia de manera rápida.

No obstante, Mite reconoce que este equipamiento no es suficiente frente a la ola delictiva que afronta la ciudad, por lo que pide a las autoridades competentes un plan de seguridad para trabajar sin contratiempos.

“Nuestros buses están equipados, pero necesitamos que la Policía realice patrullajes de manera constante para evitar que nos asalten o que extorsionadores nos pidan dinero dizque para ofrecernos la seguridad que los uniformados no brindan”, reclama.

Las unidades educativas también toman medidas de seguridad. Por ejemplo, la Academia Naval Almirante Illingworth (ANAI) cuenta, en cada vehículo, con la ayuda de un representante de la cooperativa que ofrece el servicio y un auxiliar que acompaña a los alumnos desde que aborda el bus en el colegio hasta que lo entregan a la familia al llegar a su casa.

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