En Guayaquil, los barrios del Salado y Garay comparten algunas características en común, como su valor patrimonial e histórico y la unión de sus vecinos en fechas cívicas, o cuando se trata de hacer una denuncia colectiva. Sin embargo, a ese listado se suman problemas que padecen desde hace al menos una década sin que el Municipio logre una solución definitiva.

El más alarmante, coinciden los residentes, es el de las edificaciones que se encuentran abandonadas y que se han convertido en refugios de delincuentes y adictos. Esta semana, los líderes de ambos vecindarios volvieron a solicitar a EXPRESO que cuente este problema, que ahora con la pandemia se ha agudizado, ante la falta de trabajo y el crecimiento de la indigencia. Están cansados de que este mal le quite la tranquilidad a la comunidad.

“En las noches, el sector se vuelve deprimente y cada vez más peligroso para los niños y personas de la tercera edad que viven cerca de estas casas”, lamenta Xavier Zurita, coordinador del Comité Promejoras del Barrio Asisclo Garay.

Se refiere a las viviendas que se levantan en la esquina de Tulcán y Luque, donde afirma que se ocultan delincuentes después de cometer sus fechorías. El espacio no cuenta con ventanales ni puertas, lo que facilita el acceso a estos. En tanto que al frente se encuentra un edificio en el que funcionó una Unidad Judicial de la Niñez y que está abandonado desde hace más de cuatro años, tras el terremoto que sacudió a Ecuador en abril de 2016.

Los ventanales están destruidos y otros se han desprendido. El exterior de la edificación está cercado con alambres de púas, ya que en varias ocasiones la delincuencia hizo agujeros para ingresar. Además, ahí se registró un incendio hace tres años, ocasionado por consumidores de drogas que se instalaron en una de las habitaciones.

“Es un verdadero dolor de cabeza para los moradores y una pésima imagen para una ciudad que apuesta por el turismo como fuente de reactivación económica”, denuncia Gustavo Rivadeneira, gestor comunitario del barrio del Salado, quien al igual que sus vecinos del barrio Garay espera aún que la atención municipal llegue.

Ante esta situación, los moradores se preguntan por qué el Cabildo no puede dar una solución pese al pedido de hace más de diez años. Xavier Narváez, titular de la dirección de Justicia y Vigilancia, explica que el departamento al que representa solo llega a la “multa a pagar en los impuestos”, pero afirma que los propietarios de estos inmuebles todavía no aparecen.

“¿Qué es lo que tiene que hacer el Municipio? Es un juicio coactivo y rematar eso para que cualquier persona lo pueda comprar y lo ponga en condiciones de habitabilidad, pero eso depende de la dirección Financiera. Esa es la recomendación que puedo hacer”, argumenta Narváez, quien reconoce que en un sinnúmero de inspecciones realizadas al interior de estos espacios, han encontrado a mendigos y adictos.

En tanto que Johnny Burgos, máster en Patrimonio Arquitectónico y Urbano, lamenta que este problema afecte directamente al entorno social. Y advierte que, al ser un bien privado, la ejecución del trámite no será rápido.

“Habría que ver el instrumento jurídico que podrá determinar si ese edificio puede ser embargado y luego declarado de utilidad pública, o también si puede ser vendido. El proceso no es tan sencillo”, asevera.

La arquitecta Lili Carbonell coincide con Burgos en el hecho de que esta situación perjudica el ornato de la ciudad y hace una comparación con la mansión de Urdesa central situada en las calles Higueras y Costanera, y que el Cabildo decidió demoler por las quejas de los vecinos, aunque esto aún no se concreta.

“No sé desde el punto de vista jurídico qué método tiene el Municipio, pero falta mucho control, ya que en Guayaquil existen casas abandonadas y construcciones sin terminar que ocasionan este problema de inseguridad”, concluye.