La instalación de seis puertas de fierros en calles y peatonales de la ciudadela Samanes 1, norte de Guayaquil, ha desatado rencillas entre grupos de residentes. Unos señalan que las estructuras de metal impiden el libre tránsito y acceso a los domicilios, especialmente en las noches cuando están cerradas con grandes candados; mientras que otros afirman que la medida es necesaria para contrarrestar la delincuencia que afecta a la zona.

Un grupo de habitantes de esta zona se comunicó con EXPRESO para denunciar que la instalación de los barrotes es ilegal porque no cuenta con el permiso de la Municipalidad; y arbitraria porque quienes los colocaron (directivos del Consejo Barrial) no socializaron ni pidieron el consentimiento de la mayoría de las 317 familias que habitan en el sector.

EXPRESO consultó al Cabildo sobre qué medidas tomará para que se termine el enfrentamiento entre vecinos por la instalación de las puertas; pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

“Estamos secuestrados en nuestra propia ciudadela. Nos están imponiendo rejas por el capricho de un grupo de vecinos”, lamenta Hugo Cisneros, quien habita desde hace 25 años en la manzana 132, al mencionar que apoya la lucha contra la delincuencia, pero no en la forma en que se la está haciendo.

“Nuestras familias y amigos no pueden visitarnos porque deben entregar en la única garita con guardianía nocturna la cédula o documento que muchos no hemos autorizado que se les pida”, recalca Cisneros, quien el martes pasado se reunió con otros residentes en los exteriores de un plantel educativo que también estaría afectado por la instalación de las puertas que se cierran con candados desde las 22:00 hasta las 05:00.

Mauricio Sánchez, coordinador académico del Centro Educativo Fénix, subraya que se está coartando el derecho a la libre movilidad de los 340 estudiantes y padres de familia que todos los días llegan a dejar o a retirar a sus hijos, a la entrada y salida de la jornada escolar.

“Las puertas crean congestionamiento vehicular, no podemos realizar actividades extracurriculares ni usar las instalaciones para reuniones de padres durante las noches”, explica.

Swillyn Achon, quien vive hace 31 años en la ciudadela, señala que en la zona también hay negocios que se han visto afectados porque los clientes ya no pueden ingresar con facilidad para realizar sus compras. “Asimismo, las puertas causan molestias a las personas que van a realizar a las casas servicios privados contratados; y públicos que no tienen costo como la lectura de medidores de energía y agua; recolectores de basura; repartidores de planillas de pago; vendedores; proveedores de tanques de gas doméstico, de pizza, de comida, de medicamentos; servicios de enfermería, de terapistas, etc.”, replica.

Evelyn Hurtado, otra residente, insiste en que con las puertas se han cerrado las vías principales que permiten la conexión con otras etapas de Samanes 2, 3 y 5. “Lo han hecho sin ninguna autorización y ahora quieren cobrar por el servicio de guardianía que solo hay en una garita durante pocas horas”, enfatiza.

Johanna Torres, presidenta del Consejo Barrial de Samanes 1, informa que la instalación de las puertas sí fue socializada y presenta como prueba las invitaciones hechas a los vecinos para las reuniones. También muestra documentos que recogen las firmas de 300 familias que estuvieron de acuerdo con la medida.

Asimismo, desmintió que se esté obligando a realizar algún pago a quienes no apoyaron la acción emprendida desde el 10 de diciembre pasado en contra de la delincuencia.

“Hemos podido reducir a cero los robos y asaltos que se daban con frecuencia. Las puertas están abiertas todo el día y solo se cierran en las noches. Aquellas familias que no tienen las llaves para abrirlas es porque no han querido retirarlas, nadie se las ha negado”, recalca Torres, al reiterar que las quejas de 17 familias no tiene sentido cuando la mayoría está aportando para vivir con tranquilidad.

Entre ellos menciona a los directivos de la otra unidad educativa (Liceo Los Delfines) que apoyan la acción emprendida por el Consejo Barrial.

El 28 de diciembre pasado, la jefa del Departamento de Denuncias del Municipio, Eliana Mejía, acudió al lugar para escuchar el malestar de los denunciantes. Allí les recordó que el Cabildo no otorga permiso para la colocación de puertas; pero, explicó que hay un grado de tolerancia dada la inseguridad que afecta a la ciudad.

En un informe al que tuvo acceso EXPRESO, la funcionaria recalca que las puertas deben permanecer abiertas, que deben darse las llaves a todos los moradores y establecer un horario para que los guardias estén atentos al ingreso y salida de las personas.

Para el próximo lunes 23 de enero han sido convocados representantes de los grupos que apoyan las puertas y aquellos que las rechazan, para una audiencia de conciliación convocada por la Dirección de Justicia y Vigilancia.