¿Qué pasa con la Alcaldía de Guayaquil tras la prisión preventiva de Aquiles Álvarez?
La medida cautelar fue dictada tras la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada
La decisión judicial que dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada abre un nuevo escenario administrativo en el Municipio porteño, donde la normativa vigente ya establece el mecanismo de reemplazo temporal de la autoridad.
De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), cuando la máxima autoridad municipal se encuentra imposibilitada de ejercer sus funciones por una ausencia temporal mayor a tres días —como ocurre en este caso debido a la medida cautelar— corresponde a la vicealcaldesa asumir la subrogación automática del cargo durante el tiempo que dure la ausencia.
Tatiana Coronel asume funciones
En este contexto, la vicealcaldesa Tatiana Coronel continuará al frente de la Alcaldía de Guayaquil como autoridad subrogante, responsabilidad que ya había asumido tras la licencia sin sueldo solicitada por Álvarez un día antes de su detención. La subrogación no requiere una nueva designación ni votación del Concejo Cantonal, pues se activa de manera directa conforme a la normativa vigente.
La administración municipal mantendrá su agenda institucional bajo la conducción de la autoridad encargada, mientras el alcalde enfrenta el proceso judicial y se define la duración de la medida cautelar impuesta por el juez de la causa.
Ausencia temporal, no definitiva
La prisión preventiva constituye una medida cautelar dentro de la investigación penal y no implica la pérdida del cargo. Según el COOTAD, la ausencia definitiva solo se configura en casos como renuncia, destitución o sentencia ejecutoriada que determine la separación del puesto. Por ello, mientras el proceso judicial continúe en fase investigativa o de juzgamiento, la situación administrativa del alcalde se mantendrá en el ámbito de la ausencia temporal.
En paralelo, el caso Goleada continúa generando repercusiones políticas y sociales, mientras las autoridades judiciales avanzan en la investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria, delitos por los que también son procesadas otras personas vinculadas a la causa.
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