Las extorsiones, los secuestros, los delitos comunes y las amenazas que tienen a Guayaquil y a sus ciudadanos entre la espada y la pared y con los ánimos por los suelos, como lo han hecho saber a EXPRESO, empujaron al entonces candidato a concejal por la ciudad Luis Serrano, representante de la alianza Unidad Popular-Pachakutik, a dar vida a un proyecto de ordenanza que, de ganar las elecciones, pondría a debate sobre la mesa del Concejo Cantonal; y que hoy, pese a los resultados, da a conocer para que sea considerado por el alcalde electo Aquiles Álvarez y los ediles que desde el próximo 14 de mayo empezarán sus funciones.

Si bien el documento es extenso y se respalda en los artículos que fija la Constitución y hacen énfasis en que la educación, por ejemplo, es un derecho ineludible e inexcusable; o en los publicados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que dispone crear consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía, la comunidad y otros organismos especializados; hay un punto específico (y el que más llama la atención) que apunta a que determinadas personas en cada barrio porten armas y actúen de la misma forma en que lo haría un guardia de seguridad privada.

“Nosotros, los pobres, tenemos que defendernos y hacerlo bien, con las herramientas que nos lo permiten. Solo así podremos salir de este encierro que está acabando con todo. Con el comercio, con la vida, con la convivencia”, explicó Serrano; que planteó que sean los civiles, personas de 18 a 40 años de las ciudadelas abiertas del Puerto Principal, quienes ejerzan ese rol de la mano y bajo la enseñanza de las empresas de seguridad, que son las que entran en el marco jurídico.

“Sería ideal que quienes integren estos grupos sean los jóvenes que no han logrado obtener un cupo en la universidad, que son muchísimos y tienen potencial. Habiendo una ley económica, que es una alianza público-privada, podría gestarse un pacto estratégico entre las compañías de seguridad privada y el Estado o los Municipios, que son los que pagarían el sueldo a este personal que ingresa a ser parte de las compañías. Y es que los barrios medianos o pobres no podrían pagarles, por eso ahí es donde entraría este auxilio. Los barrios, que sí o sí necesitan seguridad y donde no alcanza el control por parte de la Policía, darían la gente; las compañías los formarían, y las entidades costearían el servicio”, detalló.

A juicio de Serrano, la propuesta representaría un ganar-ganar. ¿Pero qué tan prudente resultaría darle un arma a un líder vecinal o habitante para que luche contra la delincuencia en su vecindario? Para Serrano, no habría mayor riesgo, ya que los civiles que actuarían como guardias pasarían por todos los análisis, estudios y capacitaciones que requiere la labor.

Sobre esta iniciativa, que el también director del Instituto del Riñón y Centro de Diálisis Inridi ‘San Martín’ espera que sea analizada por el alcalde electo Aquiles Álvarez en las próximas semanas, la ciudadanía piensa que es necesaria y oportuna, siempre que el personal sea “capacitado bajo todos los parámetros físicos y sobre todo psicológicos”.

“La opción es buena bajo varias aristas. Los barrios, que hay que reconocer están desprotegidos, tendrían ojos que los resguarden; los habitantes tendrían a la par una oportunidad para trabajar; y el Estado o los Municipios estarían cumpliendo con lo que dice la Constitución, que es velar por nuestra integridad. Eso sí, habrá que ser minucioso en la elección del equipo. Habría que analizar si en otros países, acciones de este tipo se han puesto en práctica y han dado resultados”, cuestionó Lauro Andrade, morador de la ciudadela Sauces, una de las tantas que han sido afectadas por la inseguridad.

Como él, piensa Claudia Verdesoto, de la Alborada, al señalar que llegó la hora de que los vecindarios se resguarden con armas de fuego. “No estoy diciendo que todo se solucione con violencia. Pero si se abren las puertas para multiplicar el número de agentes bien capacitados, pues seremos una ciudad que finalmente esté remando para el mismo lado. Siempre se ha dicho que los buenos somos más. Sin embargo, esos buenos estamos desarmados en todo sentido, y si hay forma de que unos lo hagan de forma profesional, pues apoyo la idea”, argumentó.

No obstante, para los especialistas consultados por este Diario, la propuesta no es viable, puesto que las alianzas público-privadas no se ejecutan como se prevé hacerlo.

“Estas generalmente tienen otro fin. Surgen para construir una carretera, un hospital, un peaje y esa obra se concesiona a una empresa privada. En el tema que se plantea, no sería así y eso daría cabida a una serie de problemas. Y es que uno no puede obligar al Estado a que una empresa privada contrate a determinado personal, porque eso estaría violando una norma constitucional que se llama libertad de contratación”, precisó el abogado penalista Julio César Cueva. El jurista hizo énfasis además en que el Estado no le puede pagar a una persona a través de una compañía privada porque eso es peculado.

Además, dice el abogado Mauro Alvarado, habría que definir quién asegurará a los trabajadores. “La afiliación al Seguro debe ser tomada en cuenta, porque si van a ser parte del mercado laboral, pues todo debe hacerse bajo las normas establecidas por ley”.

Para Cueva, la alianza público-privada que cabe en este tipo de problemáticas debe estar encaminada a que las compañías privadas de seguridad estén conectadas al sistema del ECU-911 y sus cámaras, asimismo, a la red pública.

También ve posible dividirse por rutas los patrullajes. “El personal particular podría ir a donde no alcanza a ir la policía. Pero no es posible armar a los barrios o hacer que sus habitantes formen un equipo armado que intente aplacar la inseguridad. No cabe aquí la ‘balaterapia’”, señaló.

Aun así, para la comunidad esta estrategia debe entrar a debate. “Quizás no se la pueda llevar a cabo como se la plantea, quizás haya un punto medio. Tal vez haya quienes sí están dispuestos a resguardar su territorio, ganar dinero y tal vez, ante la falta de elementos, el Estado o los Cabildos estén dispuestos a cubrir esos gastos. Hoy se está abriendo un análisis. Vale la pena no archivarlo”, opinó Leonel Escandón, líder comunitario de Las Orquídeas.