¿Prisión para Aquiles Álvarez por el caso Los Ceibos? Esto dijo la prefecta Aguiñaga
Informe del Ministerio de Ambiente abrió la puerta a una investigación de la Fiscalía, pero Prefectura la frenó
La controversia por la paralización del paso elevado en Los Ceibos ha escalado hasta su punto más crítico: la posibilidad de un caso penal contra autoridades del Municipio de Guayaquil.
Solicitud de inicio de proceso penal por parte del Gobierno
Esta amenaza, que se mantenía como una lectura técnica de un informe, fue confirmada por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien en una rueda de prensa reveló que el Ministerio de Ambiente (MAATE), mediante un oficio, le solicitó formalmente proceder con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
El origen de un pedido tan severo se encuentra en el informe técnico Nro. MAATE-SCA-DRA-URA-2025-231 (obra en Los Ceibos), al que EXPRESO tuvo acceso. El documento concluye que el "suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos" para obtener el permiso ambiental podría constituir una "presunta infracción muy grave" .
El análisis ministerial es la base de la suspensión, argumentando que el proyecto, por su magnitud, requería una Licencia Ambiental de "alto impacto" y no el Registro que se le otorgó. El reporte detalla que el propio estudio de prefactibilidad de la obra admitía que el 88.24% de sus impactos serían de riesgo "medio y alto".
Frente a la solicitud ministerial de judicializar el caso, la prefecta Aguiñaga explicó la decisión que tomó su administración. "Yo he hecho la pausa", declaró. "Con la mesura y la madurez que necesitan nuestra provincia y nuestra ciudad, primero estamos llevando adelante el procedimiento de rigor", afirmó, refiriéndose al proceso administrativo que busca verificar las inconsistencias.
Primero, el debido proceso, luego, la investigación de Fiscalía si corresponde
Sin embargo, Aguiñaga dejó claro que la denuncia no está descartada. "Luego de las resoluciones pertinentes tomaremos la decisión si creemos que hay algún tipo de indicio o duda del posible cometimiento de un delito penal. Toda autoridad está obligada a hacerlo conocer a las autoridades judiciales", sentenció.
Esta postura choca frontalmente con la del Municipio de Guayaquil. Su coordinador legal, David Norero, ha calificado la suspensión como un "acto político, no técnico" y una resolución "inmotivada". El Cabildo niega que se hayan falsificado pruebas y advierte que la paralización de la obra, que podría extenderse por un año, genera un grave perjuicio a la ciudadanía.
Posible delito penal y su sanción
El informe técnico del Ministerio de Ambiente (MAATE) señala que la presunta violación corresponde al artículo 318, numeral 5, del Código Orgánico del Ambiente (COA).
Este califica como "infracción muy grave" el "suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos (...) que induzca al cometimiento de errores a la Autoridad Ambiental Competente".
El delito penal relacionado con estos hechos se tipifica en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- Artículo Violado: El delito se enmarca en el Artículo 255 del COIP, titulado "Falsedad u ocultamiento de información ambiental". Este artículo sanciona a la persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sirva de sustento para otorgar permisos ambientales y que provoque un error por parte de la autoridad.
- Sanción Penal: La sanción establecida en el Artículo 255 del COIP para este delito es una pena privativa de libertad de uno a tres años.
Mientras la Prefectura avanza en su investigación administrativa de 30 a 45 días, la presión política se intensifica en otros frentes. Justamente hoy, 31 de julio de 2025, el alcalde Aquiles Álvarez fue convocado a comparecer ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional para informar sobre estos mismos hechos. Álvarez aceptó, pero siempre y cuando se lo deje hacer en el pleno y pidió otra fecha para esto.
Así, la controversia se debate simultáneamente en el plano administrativo local y en el escenario político nacional, con la amenaza de un caso penal a la espera de una decisión.
