
Paso elevado en Los Ceibos: las tres 'fallas' que frenaron la obra municipal
El Gobierno alega que el proyecto se aprobó con datos errados. Prefectura inició proceso ante posible infracción "muy grave"
La controversial suspensión del paso elevado en Los Ceibos no fue una decisión espontánea. Se fundamenta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que argumenta la existencia de serias irregularidades en el permiso ambiental otorgado al Municipio de Guayaquil. El documento fue la base para que la viceministra de Ambiente, Daniela Limongi, mediante oficio, dispusiera a la Prefectura del Guayas "emita la orden de suspensión de las actividades del referido proyecto".
Pero, ¿qué encontró el Ministerio para cambiar las reglas del juego? El documento emitido por la cartera de Estado detalla tres "inconsistencias" clave que pusieron en jaque al proyecto del Municipio de Guayaquil. EXPRESO tuvo acceso al informe a través de la Prefectura del Guayas.
1.- Contradicción en las condiciones de impacto ambiental

El primer y más llamativo argumento del informe se centra en el propio documento de prefactibilidad del proyecto. El análisis del MAATE cita textualmente que, según los estudios iniciales de la obra, "El 88.24% de los impactos que se prevén ocurran como parte de la ejecución del proyecto, son de significancia media y alta".
El Ministerio cuestiona cómo, a pesar de esta advertencia técnica interna, el proyecto fue tramitado y aprobado con un Registro Ambiental. La ley es clara: el Código Orgánico del Ambiente (COA) establece que los proyectos de "mediano y alto impacto" requieren obligatoriamente una Licencia Ambiental, un permiso mucho más riguroso. Según el MAATE, esta es una contradicción fundamental en el proceso.
2.- Errores técnicos: Coordenadas y una mala descripción
El segundo pilar del informe es una lista de presuntos errores técnicos. El análisis compara la "Ficha técnica del proyecto de inversión" con el "Certificado de Intersección" y concluye que las coordenadas geográficas del área de implantación "No coinciden".
Más relevante aún, el MAATE sostiene que las actividades de la obra fueron incorrectamente catalogadas en el sistema ambiental. El informe desglosa los cuatro componentes del proyecto y argumenta que fueron registrados con descripciones menores. A criterio del Ministerio, la naturaleza real de la obra correspondía a las categorías "Construcción de carreteras, calles, autopistas" y, de forma principal, "Construcción de puentes y viaductos". Al realizar la simulación con estas categorías correctas, el sistema automáticamente arroja que el proyecto es de "ALTO" impacto, cambiando por completo su estatus.

3. La advertencia legal: "Infracción muy grave" y posible delito penal
Finalmente, el documento del MAATE eleva la alerta al plano legal. Sostiene que los hallazgos podrían configurar una "presunta infracción muy grave", según lo establecido en el Artículo 318, numeral 5, del Código Orgánico del Ambiente. Dicha infracción se define como el "suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos" con el fin de inducir a error a la autoridad ambiental. El informe va un paso más allá y añade que esta situación "incluso podría dar paso al cometimiento de una infracción de tipo penal que deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado".
Prefectura acató, y el Municipio "se resintió".
Con base en estos argumentos, el informe concluye con tres recomendaciones específicas para la Prefectura: iniciar los procesos administrativos sancionatorios, revocar el Registro Ambiental otorgado en 2023 , y exigir al Municipio que, para continuar, cumpla con la obtención de la Licencia Ambiental correspondiente.
´Para esto, será necesario que el debido proceso administrativo transcurra con normalidad y permita al Municipio ejercer su defensa de la obra.
Sin embargo, la decisión de la Prefectura de acatar la disposición del Ministerio de Ambiente resonó mal en la Alcaldía de Guayaquil.
El alcalde Aquiles Álvarez lo calificó como "inconstitucional", porque la postura oficial del Municipio es que lo que hace el Gobierno es "inmotivado". Ante esto, la Prefecta respondió asegurando que "sabe cómo funciona" dicho tema.
Todos quieren decirle a la Prefectura lo que debe hacer. 🙄
— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) July 28, 2025
Soy abogada y fui Ministra de Ambiente. Sé cómo funciona esto, por eso actuamos en derecho.
Esto es técnico-jurídico, y ahí es donde se va a resolver.
No hay bandos, solo debido proceso, que se presenten las pruebas de… https://t.co/u3dM1is2Zw
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