Nuevo dragado en Guayas: Aguiñaga revela cómo sería y las diferencias con el previo
La prefecta cambiará el modelo de contrato por una alianza estratégica, para ahorrar y que dure más allá de su periodo
El dragado del río Guayas, una obra compleja para la provincia, cambiará radicalmente su modelo de gestión. La prefecta Marcela Aguiñaga confirmó a EXPRESO que la nueva intervención no replicará los errores del pasado, abandonando la figura de "contratación de servicios" para dar paso a una alianza estratégica de largo aliento.
Según la funcionaria, el objetivo es evitar que la Prefectura deba desembolsar sumas millonarias constantemente sin una solución definitiva a la sedimentación.
Adiós al modelo de los $45 millones
La principal diferencia con el proceso anterior radica en el riesgo financiero. Aguiñaga explicó que el modelo antiguo obligaba a la institución a buscar recursos cada tres años, y eso es lo que ahora se evita.
El nuevo esquema busca un socio que haga que la obra no dependa de la autoridad de turno. No será financiado únicamente "a cuenta y riesgo" de la Prefectura, sino en coparticipación.
Licitación internacional
Aunque la prefecta expresó su deseo de que el capital sea ecuatoriano ("ojalá sea un contratista nacional", dijo), la normativa exige un proceso abierto.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preparatoria y debe ser aprobado por el directorio. Posteriormente, se abrirá la licitación internacional. "Aquel que considere que competitivamente está en la posibilidad de cumplir los requisitos, será el ganador", sentenció, aclarando que ganará quien más asuma el costo de riesgo.
Industrias y contaminación: "No buscamos clausurar"
Paralelo al dragado, la salud del río depende del control de descargas. Aguiñaga confirmó que ya tienen identificadas a las empresas que descargan en el afluente tras recibir el informe de EMAPAG.
Sin embargo, la postura de la Prefectura no será punitiva de entrada. Reconociendo que muchas son grandes industrias que sostienen el empleo y la balanza comercial, el objetivo no es la clausura, sino la inversión en planes de mitigación.
"El objetivo ambiental no es necesariamente recaudatorio y tener multas... eso solo se hace con inversiones", enfatizó la prefecta, advirtiendo que solo se aplicará la ley con sanciones si las empresas incumplen los plazos para regularizar sus procesos.
