Municipio de Guayaquil rechaza sanción de Prefectura por paso elevado en Los Ceibos
Cabildo acusa de motivaciones políticas en nuevo proceso y advierte retrasos en la obra
La Municipalidad de Guayaquil, a través de su coordinador legal, el abogado David Norero, rechazó el proceso sancionatorio iniciado por la Prefectura del Guayas que suspendió la construcción del paso elevado vehicular en la intersección de la Av. del Bombero con la Av. Leopoldo Carrera, proyecto del Programa CAF XVI. La prefectura alega que la obra, por su impacto “alto”, requiere una licencia ambiental y no solo un registro ambiental.
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“Es un acto político, no técnico”
En una rueda de prensa este 28 de julio de 2025, Norero aseguró que la resolución es “inmotivada” y carece de informes técnicos o pruebas de laboratorio que justifiquen la suspensión. Afirmó que la prefectura ya otorgó el registro ambiental en octubre de 2023, lo cual —según dijo— crea derechos contractuales que ahora están siendo vulnerados.
“Esta decisión podría retrasar la obra hasta un año. Ya está adjudicada, ya se partió la calle. Esto es un perjuicio al contratista y a la ciudadanía”, declaró. En su intervención, criticó que se esté exigiendo una licencia cuando, en casos similares, como los pasos elevados en Av. de las Américas y Juan Tanca Marengo, bastó con un certificado ambiental.
Según documentos de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial, el proyecto fue reclasificado como de impacto ambiental alto, lo que exige obligatoriamente una licencia ambiental.
El oficio oficial señala que el suministro de información inexacta podría configurar una infracción grave según el Código Orgánico del Ambiente, y por ello se ha iniciado un procedimiento administrativo con plazo de 10 días para que el Municipio presente sus descargos.
Niegan que el paso elevado afecte al bosque seco
Ante la pregunta de Diario Expreso sobre esta cercanía con el ecosistema del bosque seco, Norero negó que exista afectación. “La obra está sobre cemento, no tocamos ni bosques, ni ríos, ni cerros”, dijo. Añadió que incluso el Comité barrial de Los Ceibos respalda la obra, pero que sus representantes “ni siquiera fueron escuchados” por la prefectura en los espacios de participación.
También rechazó las acusaciones de que hubo falsificación de pruebas para obtener el permiso ambiental inicial. “Eso no está sustentado. No nos han dicho qué se falsificó ni en qué parte del proceso”, agregó.
Norero advirtió que si la obra se paraliza por un año, se generará un daño económico al Estado, lo cual —según él— podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que firmaron la suspensión. Citó el artículo 233 de la Constitución para sustentar esta posición.
“Estamos viendo cómo una obra que mejora la movilidad queda paralizada sin una razón lógica. Si el contratista demanda, lo hará contra el Estado. Por eso, quien firmó esa resolución tendrá que responder ante Contraloría”, cerró.
