Guayaquil: La pelea política deja obras y contratos municipales parados

Un nuevo mes inicia y las pugnas entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil parecen no tener fin. No solo se mantienen suspendidos los procesos vinculados a contratos de comunicación, en los que el Cabildo acusa al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) de haberlos “bloqueado” tras los pronunciamientos del alcalde Aquiles Álvarez, sino que ahora se suma la suspensión del catastro industrial dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH).

Esta última medida se adoptó el viernes 30 de enero y, hasta la tarde del lunes 2 de febrero, el Municipio reportaba al menos diez obras paralizadas en distintos sectores de la urbe.

Así lo confirmó a EXPRESO el coordinador general jurídico del Municipio, César Poveda, quien detalló que los trabajos afectados corresponden principalmente al asfaltado de calles y a labores de reconformación vial. La suspensión impide el ingreso de maquinaria pesada a las zonas intervenidas, como recuperadoras de asfalto, volquetas, minicargadoras, rodillos, entre otros equipos.

Poveda señaló que, hasta ayer, ya se cumplían 72 horas desde la suspensión, por lo que aún no se ha cuantificado el impacto económico que representa mantener la maquinaria detenida.

¿En qué consiste la paralización de maquinaria?

Entre los sectores afectados mencionó la 28 y la Q, en el suburbio de la ciudad, donde no se ha podido completar el relleno de la vía ni permitir el ingreso de la máquina asfaltadora. En Socio Vivienda, indicó, faltan trabajos de asfaltado y de relleno de la carpeta asfáltica, lo que impide la operación de los rodillos. En Flor de Bastión 3, agregó, tampoco pueden ingresar retroexcavadoras, ocho volquetas ni un tanquero.

“¡Por Dios! Están frenando incluso servicios de agua potable, afectando directamente los servicios públicos de la ciudad. Las sanciones deben ser graduales. Debe existir un acto administrativo que me permita ejercer la legítima defensa o, en su defecto, subsanar las observaciones que nos están imputando. Este Municipio no puede responder por cargas del pasado”, argumentó el funcionario.

Poveda estimó que, desde su visión, más de un millón de ciudadanos estarían siendo afectados por estas medidas. Asimismo, reconoció que el Municipio cuenta con un plazo de seis días laborables para subsanar las observaciones, las cuales, acotó, datan del año 2019, por lo que cuestionó la fiscalización aplicada a la gestión municipal de ese periodo, de bandera socialcristiana.

Sobre el accionar administrativo o jurídico que adoptará la entidad que lidera Álvarez, Poveda se limitó a señalar que se defenderá “aunque la cancha esté inclinada”. Añadió que se ha tomado la decisión de acudir a instancias judiciales mediante acciones legales, en caso de que persista lo que calificó como un accionar “ilógico, irresponsable y salvaje” por parte de los organismos de control.

En relación con los procesos de comunicación suspendidos, el funcionario precisó que son siete y que analizan posibles acciones. Indicó que las vías administrativas pueden ejecutarse de forma paralela a las judiciales, pero subrayó la necesidad de respetar el debido proceso. Añadió que cualquier acción legal se presentará cuando existan garantías para acceder a una justicia “libre e independiente”.

Consultado sobre los plazos para estas acciones, si es que ya tiene una fecha, respondió que el tema debe ser analizado con el alcalde y con el procurador síndico municipal. “Las presentaremos en el momento adecuado y cuando encontremos las garantías suficientes”, remarcó.

Cabe recordar que en un comunicado difundido el domingo 1 de febrero, el Municipio aseveró que las observaciones del Sercop se basan en una “interpretación que desconoce excepciones expresamente previstas en el ordenamiento jurídico”, así como principios del derecho administrativo y condiciones reales del mercado.

Según el Cabildo, que enlistó cuatro casos, este tipo de control afecta la seguridad jurídica de las entidades públicas, al generar incertidumbre en la gestión administrativa y contractual. Además, advirtió que las suspensiones se activaron de manera simultánea al día siguiente de un pronunciamiento (de más de 10 minutos) del alcalde contra el Gobierno nacional.

“Desde las 08:12 se activaron bloqueos sobre una serie de procesos contractuales vinculados al Municipio y a sus entidades adscritas”, señala el documento oficial.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!