Álvarez habría denunciado irrupción del SNAI en su casa y pedido censura de su imagen
EXPRESO accedió a un documento donde consta la supuesta denuncia, así como la prohibición de difusión de fotografías
La polémica en torno al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúa escalando tras su llamado a juicio dentro del denominado caso Triple A, en el que se investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles. A las acusaciones penales se suman ahora supuestas denuncias por actuaciones “abusivas” por parte de agentes estatales, así como un presunto reclamo formal contra la difusión de imágenes que comprometerían su privacidad.
En redes sociales circula un documento donde se asegura que el alcalde Álvarez habría denunciado públicamente una supuesta irrupción sin autorización de agentes del SNAI en su domicilio. Esto se habría dado el mismo sábado 19 de julio de 2025, luego de que el juez Renán Andrade Castillo, de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, ordenara medidas cautelares en contra del burgomaestre.
Según relata la presunta denuncia, la diligencia fue realizada por personal liderado por un Mayor de la Dirección General de Inteligencia (DGI), lo cual calificó como una “afectación directa a sus derechos constitucionales”. En ese contexto, el alcalde Álvarez habría explicado que no se encontraba en su vivienda al momento del operativo por motivos laborales vinculados a su gestión municipal, y habría solicitado al juez que cualquier acción futura se coordine con su defensa legal y con respeto al debido proceso.
“Estoy cumpliendo con la ley”, afirma otro documento
En un nuevo documento, al que accedió Diario EXPRESO, se informa que Aquiles Álvarez habría comunicado de manera oficial al juez Renán Andrade que ha cumplido en su totalidad con las disposiciones judiciales dictadas el 19 de julio, dentro del proceso penal No. 17U05-2024-00186.
En el documento, el alcalde habría confirmado que todas las medidas cautelares ordenadas han sido acatadas según lo establece el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en sus numerales 1, 2 y 4. Esto incluiría la presentación periódica ante la autoridad competente, la prohibición de salida del país y otras obligaciones derivadas de la providencia judicial.
Reclamo por derechos de imagen y privacidad
Uno de los puntos más enfáticos del escrito al que accedió EXPRESO es el presunto rechazo de Álvarez a la difusión de imágenes en las que supuestamente aparece durante el cumplimiento de las medidas judiciales. Se presume que dichas fotografías fueron tomadas por funcionarios de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones, sin que mediara su consentimiento para su difusión pública.
En el mismo documento, se habrían invocado sus derechos constitucionales a la privacidad, dignidad e intimidad, así como la legislación vigente sobre protección de datos personales. Por esta razón, habría solicitado que el juez incorpore su petición en el expediente del caso y notifique a todas las autoridades correspondientes la prohibición expresa de divulgar dichas imágenes, salvo para fines estrictamente judiciales o administrativos.
El caso Triple A: contexto y avance
El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos en el país. Según la Fiscalía, entre los acusados hay 16 personas naturales y 6 jurídicas, entre ellas, el propio alcalde de Guayaquil. La investigación, iniciada en 2024, reveló el presunto desvío de más de 2,4 millones de galones de combustible, lo que habría generado un presunto perjuicio superior a $ 61 millones para el Estado.
Este Diario contactó a la defensa del alcalde Aquiles Álvarez para contrastar la veracidad del documento que se ha compartido públicamente, así como las imágenes que circulan en redes sociales de él portando un grillete electrónico. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota periodística no se obtuvo una respuesta.
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