Forsemax desmiente al Sercop tras agresión a prensa: Afirma que su contrato fue legal

La disputa entre el Municipio de Guayaquil y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) escaló este viernes 12 de diciembre tras la respuesta oficial de Forsemax Cía. Ltda. La empresa de seguridad, señalada por la agresión a periodistas en la Terminal Terrestre, negó estar inhabilitada al momento de su adjudicación y, junto al alcalde Aquiles Álvarez, calificó las observaciones del ente de control como inexactas.

¿Qué responde Forsemax sobre su registro en el Sercop?

Ante el comunicado del Sercop emitido el 9 de diciembre, donde se afirmaba que la compañía no constaba en el catálogo para brindar seguridad privada, Forsemax emitió una aclaración pública.

La empresa sostiene que sí se encontraba registrada en el Catálogo Electrónico vigente al momento de la contratación, con fecha 04 de agosto de 2025. Según el documento difundido, cumplían con todos los requisitos legales y procedimientos de la normativa de compras públicas.

Adicionalmente, la compañía detalló que fue adjudicada tras competir con más de 80 empresas y que actualmente participan en el proceso de recatalogación para el periodo 2025–2027, habiendo superado la primera fase sin observaciones.

¿Por qué Aquiles Álvarez denuncia una "persecución administrativa"?

El alcalde de Guayaquil respaldó la versión de la contratista y utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente la imparcialidad del Sercop. "Otra vez, Sercop miente", escribió Álvarez, adjuntando la documentación de la empresa.

Para el burgomaestre, este incidente no es un hecho aislado, sino parte de un patrón para bloquear la gestión municipal.  

El escrutinio sobre el contrato de Forsemax inició tras la agresión física que guardias de dicha empresa propinaron a periodistas que cubrían un conato de incendio en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Este hecho derivó en la terminación unilateral del contrato anunciada por el Municipio y una notitia criminis presentada por Fundamedios ante la Fiscalía, solicitando que se investigue el ataque como un delito de restricción a la libertad de expresión y no como una contravención.

La situación legal de la empresa ahora enfrenta dos frentes: la investigación penal por la violencia ejercida contra la prensa y la disputa administrativa sobre la legitimidad de su adjudicación original. El Sercop, ni su vocero principal, Jose Julio Neira, se han pronunciado al respecto del comunicado de Forsemax. 

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