Familias que habitan en la Calle 8, sector del Cristo del Consuelo, al sur de la ciudad, dicen que apenas viven con menos de un salario unificado ($ 400). Por eso ven muy lejanas las posibilidades de poder pagar las siete remuneraciones ($ 2.800) que impone el Municipio de Guayaquil por su presunta participación en la fiesta masiva del nuevo año.

Aplicando el refrán “Caen justos por pecadores”, la Dirección de Justicia y Vigilancia anunció ayer que a las siete viviendas que fueron notificadas el martes 5 de enero se sumarán las otras 33 que conforman el vecindario de la Décima, entre la H y la I. Las boletas llegarán este jueves 7 de enero a este punto.

De las 40 viviendas, 18 corresponden a la zona consolidada y el resto no ha entrado en el proceso porque invadieron la orilla del estero.

Una de las casas con el papel de clausura es la de Irene Corozo. Familiares de la adulta mayor hablaron por ella debido a que está indispuesta de salud por un derrame cerebral.

En los exteriores de la casa a medio construir hay una carreta, que según sus allegados utilizan para la preparación y venta de comidas, desmintiendo de que expendan bebidas alcohólicas o que protagonicen desorden.

El director municipal, Xavier Narváez, insistió en que la gota que derramó el vaso fue esta última celebración, ocurrida entre la tarde del 1 y madrugada del 2 de enero y en la que se pudo ver, a través de un video que se viralizó, a decenas de personas sin mascarilla, bebiendo e incumpliendo con el distanciamiento social.

“Las sanciones económicas son la única manera de poner un alto a este tipo de evento, que solo representa un alto riesgo de contagio de coronavirus”, expresó el funcionario. Habitantes del sector que aseguran haber visto de lejos cómo sus vecinos festejaban, coincidieron con él. “Lo que aquí se vivió fue una locura. Nadie respetó nada”, decían, cada vez que confirmaban que los residentes sancionados no los veían o escuchaban.

Pero, ¿cuál es el mecanismo de cobro? Narváez señaló que los inmuebles que están en el área consolidada será a través de los impuestos prediales. En caso de incumplimiento se aplicarán juicios coactivos. Mientras las familias que están en la orilla del estero, deberán pagar la multa durante el proceso de legalización.

Por su parte, la Policía anunció un operativo este fin de semana en la Calle 8, en la que se espera la intervención del Ejército.

Fernando Vaca, jefe del Distrito 9 de Octubre, advirtió que en caso de reincidencia se procederá a la detención de los infractores.

Sin embargo, para el urbanista Luis Alfonso Saltos considera que con la Calle 8 se actúa de manera injusta. “Desde el punto de vista social no solo es un problema del Cristo del Consuelo, es de cultura urbana y mundial también. En muchas urbanizaciones cerradas también hubo fiestas. ¿Por qué no se sanciona a todas?”, cuestionó.

A su criterio, el problema radica en que no se ha logrado concienciar a las personas y la educación social-urbana no ha sido suficiente. “Es una estrategia que se está utilizando para ver si la gente comienza a reaccionar. Todas las medidas debieron ser diferenciadas. ¿Quién asegura que la gente no vuelva a hacerlo? ¿Cómo controlarlo? Todo lo que pasó en diciembre es un adelanto para lo que será carnaval”, dijo.

Saltos no tiene claro cómo se aplica tremenda multa a un sitio vulnerable. “No sé si se harán convenios de pago, no entiendo cómo aterrizar la multa. Debe haber un análisis, depende la capacidad económica de la familia; si está justificado está bien, pero hay que ser realistas, hay un problema social”, opinó.

“La gente se ha olvidado de lo que vivimos en marzo. El enfoque de la cultura ciudadana hacia las medidas de prevención se debe volver a recordar”, puntualizó.

En tanto que el urbanista Carlos Jiménez considera que ha habido una falla desde el orden público. “No es un tema de ahora sino de hace años. El Municipio qué ha hecho para tomar el control en esta zona. Hay que ver cuántos de estos negocios tienen permisos en regla, cuántos están pagando sus tasas, cuánto se asigna a los controles metropolitanos”, añadió.

Sostiene que no se ha actuado con la rigidez e importancia que debería aplicarse por ejemplo con los centros comerciales. “Si no fuera por la viralización de los videos no nos hubiéramos enterado, porque hubo fiestas a nivel nacional. Están pagando justos por pagadores”, finalizó.