Extorsiones en Guayaquil: capturan 2 madres en lactancia como sospechosas del delito

La creciente ola de delitos vinculados a secuestros y extorsiones vuelve a encender las alertas sobre la inseguridad en Guayaquil. Cuatro personas fueron procesadas por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo en el que se exigieron $3.000 a cambio de la liberación de una víctima, según informó la Fiscalía General del Estado.

Dos de las capturadas en etapa de lactancia

Los sospechosos, 3 de ellas mujeres, fueron detenidos tras un operativo ejecutado la madrugada del 7 de marzo. La intervención fue coordinada entre la Fiscalía y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión, que ejecutó allanamientos y órdenes de detención en distintos puntos de la ciudad.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías penales que conoció el caso dispuso prisión preventiva para dos de los procesados. En el caso de las otras dos mujeres investigadas, se ordenó medidas alternativas, entre ellas presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país, luego de que argumentaran ser madres de bebés en etapa de lactancia.

Habrían pedido $3.000 a las víctimas

De acuerdo con la investigación fiscal, los detenidos formarían parte de una presunta estructura dedicada al secuestro extorsivo. Las indagaciones comenzaron hace más de un año, luego de que una víctima fuera liberada tras el pago de $3.000 realizado por sus familiares. Además del dinero, los implicados también se habrían apropiado de un vehículo.

Según el expediente, los sospechosos habrían realizado varias llamadas telefónicas en las que fijaron las condiciones para la liberación de la víctima. A partir de esas comunicaciones, las autoridades aplicaron técnicas especiales de investigación como seguimientos, interceptación de llamadas y escuchas telefónicas para identificar a los presuntos responsables.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía constan registros de movimientos bancarios, transferencias de dinero, testimonios de la víctima y reportes elaborados por la unidad especializada de la Policía. Durante los allanamientos también se incautaron teléfonos celulares que ahora forman parte del proceso investigativo.

El caso se desarrolla en un contexto marcado por el aumento de denuncias de secuestros y extorsiones en la ciudad, delitos que han golpeado con fuerza a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general. 

La instrucción fiscal se extenderá por 90 días, mientras el proceso avanza bajo lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el secuestro extorsivo como uno de los delitos más graves dentro del sistema penal ecuatoriano.

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