El 6 de septiembre, un día después de que Diario EXPRESO dio a conocer a la ciudadanía que la Alcaldía de Dalton Narváez ha explotado un cerro dentro de la ciudadela Peñón del Río, en Durán, en nombre del desarrollo y sin permiso de la autoridad reguladora, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC) entró al sitio a clausurar la cantera.

El Municipio de ese cantón había explicado que ni la entidad ni la empresa privada a la que esta cedió acceso provisional a cambio de material, han tramitado el permiso de minas ni de ambiente, y justificó la omisión de esos trámites porque “el catastro minero está cerrado y el Gobierno ha expuesto que se abrirá pronto”. Diego Oleas, coordinador técnico nacional de Regulación y Control Minero, desdice esas declaraciones y advierte que Durán puede ser sancionado con entre 200 y 500 salarios básicos unificados.

¿En qué consistió la visita de la ARC a Peñón del Río?

Luego de recibir la denuncia procedimos a notificar a la zonal del Guayas para que proceda con la parte legal y técnica y ejecute una visita de control y seguimiento.

Una vez que llegaron, ¿cuál fue el escenario? ¿Dio algún descargo el Municipio de Durán sobre el tema?

Cuando hubo contacto, se verificó que presumiblemente se trata de minería irregular. Verificamos en el sistema de control minero y no existe ningún título otorgado dentro del área de explotación, y procedimos a suspender las actividades de forma inmediata. El Municipio no presentó documentación alguna que ampare su actividad en el sector, por eso sellamos el área.

El departamento de Comunicación del Municipio de Durán ha dicho que el procurador de esa entidad ha justificado a la ARC el tema y que se reiniciarán las actividades. ¿Esto es falso?

El área de explotación de Peñón del Río está suspendida. No hay permisos. Quizás el procurador no está del todo al tanto del tema. Una vez que se levanten los informes técnicos y legales, procederemos a notificar al GAD que deben regularizarse con otras entidades, como el Ministerio del Ambiente. De esos informes se determinará recién si es factible o no la explotación en esa zona.

¿Y qué factores determinan la factibilidad? Uno de los argumentos que puso el Cabildo es que la zona no es protegida, pero aunque así sea, primero está cerca de una ciudadela y además un estudió de la Espol sitúa al cerro como zona potencialmente arqueológica.

La ARC tiene como competencia exclusiva otorgar el derecho minero, tanto el ministerio como la agencia. Si se hallaron vestigios arqueológicos, le compete (proceder) al Instituto Nacional de Patrimonio; y en cuanto a la importancia y posibles afectaciones ambientales, a la cartera gubernamental que lleva esos temas, y que deberá hacer estudios en el sitio para decidir si la zona puede intervenirse o no.

La Dirección de Gestión Ambiental barajó otro argumento en el reportaje a EXPRESO, que el catastro minero está cerrado. Sobre aquello, ¿qué dice la ARC?

Yo también leí el reportaje de Diario EXPRESO en el que se explicó ese argumento y algunos funcionarios del Municipio dijeron, además, que esa explotación es para obra pública. Bien, no podemos paralizar la obra pública y el catastro está abierto para ese tema.

¿Qué exactamente no hizo el Municipio de Durán?

Ni siquiera han hecho la solicitud de gestión minera para iniciar el trámite. En los informes técnicos y legales se hará la notificación. La cantera estará cerrada hasta que Durán muestre los permisos.

¿Cuál es la viabilidad técnica que analiza la ARC?

Cada parámetro está establecido en la Ley Minera y el reglamento, pero debe tomar en cuenta que cada entidad, de acuerdo con sus competencias, debe dar una viabilidad técnica. ARC mira requisitos para otorgar un derecho minero, pero Ambiente otorga también permisos (que Durán no tiene en este momento). Y como se hallaron vestigios, como le comenté, el INPC debería actuar también. Cuando cada uno dé su informe, recién se verá si es factible o no la explotación del material.

Está dicho que no habrá explotación sin permisos. ¿Qué sigue después de esta suspensión de actividades? ¿Se puede iniciar, por ejemplo, un proceso sancionatorio?

De hecho, una vez que se levanten los informes se determinará qué actividades hicieron al margen de la ley y de la norma. El caso puede terminar en un proceso administrativo con una multa de 200 a 500 salarios básicos. Tengo entendido que Fiscalía también ha estado presente y determinará qué sanciones amerita. Cada institución podrá iniciar un proceso en este tema.

¿Cuándo estarán listos los informes técnicos y jurídicos?

En tres días. Luego se iniciará o no el proceso administrativo, que caerá en la zonal del Guayas que corresponda.

EXPRESO supo de esta suspensión de actividades gracias al Comité de Propietarios de Peñón del Río, que organiza otras medidas en torno al tema.