El riesgo de regular en papel las construcciones sin permiso
Ciudadanos exhortan al Municipio a dar un paso atrás. Califican la medida de populista y poco técnica. Argumentan la vulnerabilidad sísmica.
En 1999, el Proyecto Radius, de los más prestigiosos que se han realizado en Guayaquil en materia de estudio de estructura, concluyó que el crecimiento no planificado ha estado asociado a la informalidad de la construcción, lo que deja como resultado una urbe con miles de inmuebles sin características sismorresistentes.
En 2016, cuando el terremoto de 7,8 grados sacudió parte de la Costa ecuatoriana, el documento de Radius recordó a las autoridades que entonces estaban a cargo de este cantón, la vulnerabilidad en torno al riesgo por temblores. Y entre las acciones decididas para la prevención surgió la ordenanza para el fortalecimiento del control de construcciones, que acogió a fedatarios para revisar las estructuras.
En junio de 2020, la administración de Cynthia Viteri aprobó la ordenanza especial para la actualización catastral de edificaciones concluidas.
El documento pretende la regularización de predios terminados sin registro de construcción, catastral o inspección final, demandado desde 2018 por la ordenanza que aprobó el exalcalde Jaime Nebot; así como eliminar las trabas por uso de suelo, que tantas clausuras registra por locales comerciales registrados como viviendas.
En palabras de la alcaldesa, la medida evitará multas y extorsiones a las personas que no han podido regularizarse; pero en palabras de técnicos, es un arma de doble filo, un paso atrás a todo lo avanzado en prevención de sismos y una decisión populista y antitécnica, refuta Carlos Ochoa, comisionado de la Defensa Profesional del Colegio de Arquitectos del Guayas y expresidente de la Comisión Vidcae, que acoge a urbanistas del gremio, y uno de los firmantes de la petición al Municipio de revisar y enmendar este cuerpo legal.
El oficio, que también firmaron miembros de los colegios de ingenieros y arquitectos, que contiene todos los reparos de la ordenanza, llegó a concejales y a la Secretaría de Riesgos, así como a la Redacción de EXPRESO, y sostiene que lo aprobado “constituye un retroceso en la política municipal para mejorar el control de construcciones, y viola normas de igual o superior jerarquía”.
Esta ordenanza pretende legalizar construcciones culminadas sin ninguna garantía técnica, aunque no cuenten con las normas y especificaciones que demandan las obras.
Se menciona, entre estas, la Constitución; la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial; las Normas Ecuatorianas de la Construcción y otros cuerpos legales, incluyendo la misma ordenanza sustitutiva de construcciones y edificaciones emitida por la Municipalidad.
Esta aprobación lleva al Cabildo, de acuerdo con este grupo de ciudadanos y profesionales firmantes, a no ejercer eficazmente el control de las construcciones sin autorización.
En los considerandos de la ordenanza se menciona, por ejemplo, que “se ha detectado un gran número de edificaciones que no cuentan con el registro de construcción, registro catastral o certificado de inspección final”. Sobre esto, en el acta de discusión de la aprobación de la ordenanza, el concejal Luis Almeida expuso que “300.000 viviendas están con este problema en la ciudad”. Según la alcaldesa, Guayaquil tiene 600.000 predios.
Puede haber un terremoto de mayor magnitud y con esto nadie responderá por daños y perjuicios a los guayaquileños. En estas decisiones debe primar la técnica, no la política.
De acuerdo con esta lectura, las edificaciones sin autorización municipal “solamente han sido detectadas cuando están levantadas, pero no durante el proceso constructivo, una responsabilidad que recae en los funcionarios municipales, que deben ser investigados”, resume José Baquero Plaza, ingeniero civil.
El abogado Javier Sánchez, otro de los ciudadanos firmantes, explica que el reclamo viene, además, por afectar a uno de los grupos profesionales que mueven recursos sin tener ninguna ayuda, los trabajadores de la construcción.
“La ordenanza ya está dictada, pero es ilegal. Si alguien ha construido sin las debidas especificaciones técnicas, bajo los miramientos de un ingeniero o arquitecto, debería ser sancionado. Todo Guayaquil se ha desarrollado de una forma arbitraria, es cierto, pero todo intento de regularizar ha quedado atrás con esta resolución”.
Unas 240 edificaciones fueron evaluadas tras el terremoto de abril de 2016, según confirmó el jefe de la Dirección de Riesgos del Cabildo de ese entonces, Juan Ramírez. Algunas se derrumbaron, a otras se les hicieron inspecciones y muchas siguen igual.
La ordenanza dejará a la ciudadanía trabajar sin inconvenientes, sin zozobra ni sustos ni multas ni clausuras. Evitará que sean sometidos a problemas que surgen cuando existe corrupción.
La ordenanza
Trescientos mil de 600 mil predios de la urbe se construyeron sin permiso. La ordenanza nueva dice que a las personas interesadas que se acojan y cumplan los requisitos de la ordenanza se les aplicará una multa equivalente al 10 % de un salario básico, por haber ejecutado obras sin permiso. El documento tiene una vigencia de 24 meses.
