Concejo de Guayaquil mantiene impuesto predial sin cambios hasta 2027: detalles clave

El Concejo Municipal de Guayaquil decidió el reciente lunes 8 de diciembre mantener congelado el impuesto predial para los años 2026 y 2027. La resolución, ratificada en segundo debate y liderada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, implica que los propietarios de predios urbanos y rurales sin modificaciones físicas o tipológicas pagarán exactamente lo mismo que en el bienio vigente.

La medida fue aprobada de forma unánime por los concejales presentes. Según la moción presentada por la edil Soledad Diab, el objetivo es garantizar estabilidad tributaria y evitar incrementos para quienes no hayan realizado cambios en sus propiedades.

Predios urbanos y rurales: así quedan las reglas

Diab explicó que, en el caso de los predios urbanos, se mantendrán tanto el valor del impuesto predial como sus adicionales, siempre que la propiedad conserve sus características físicas y tipológicas. Si existe alguna modificación —como aumento del metraje, cambios en tipología o ampliación de área construida— los ajustes se aplicarán dentro de la banda prevista en el artículo 504 del Cootad.

Sobre el pago de los predios rurales, el Concejo acordó que también se conservarán los valores del impuesto y sus adicionales. No obstante, como detalló antes EXPRESO, podrían registrarse variaciones si hay actualizaciones de avalúo o presencia de infraestructura bioacuática, tal como establece el artículo 517 del Cootad. En cualquier caso, explicó Diab, ningún incremento podrá superar el 100% del valor pagado en el bienio anterior.

Un proyecto ambiental sobre la mesa del Concejo

En la misma jornada, el Concejo conoció —en primer debate— el proyecto de ordenanza que busca establecer un marco de políticas ambientales para Guayaquil. La edil Nelly Pullas, proponente de la normativa, explicó que el documento se estructura en seis líneas de acción: producción y consumo sostenibles; conservación del patrimonio natural; manejo del agua; control de la contaminación; acción climática, y fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

La ordenanza pretende ordenar los esfuerzos municipales en ámbitos como gestión de residuos con enfoque de economía circular, educación ambiental, movilidad sostenible y protección de ecosistemas. Pullas insistió en que la ciudad necesita avanzar hacia políticas integrales que permitan enfrentar problemas estructurales, como la contaminación de sus cuerpos de agua.

Contaminación sin control: la demanda ciudadana

Mientras la discusión ambiental avanza en el Concejo, vecinos de varios sectores reclaman que la ciudad aún carece de controles efectivos. Entre ellos, los derrames de aceites, grasas e hidrocarburos que afectan al estero Salado continúan sin responsables claros.

“Somos testigos de cómo sufre este cuerpo de agua que lucha por sobrevivir, pero nadie es sancionado”, expresó Sonia Pino, residente de Urdesa. La vecina lamentó que, pese a los constantes episodios de contaminación, no existan multas ni investigaciones que determinen quiénes vierten residuos al estero. “Siempre se ha dicho que las empresas lanzan estos químicos al agua porque no hay control ni filtración. Vierten su basura al ecosistema y ya. Ese es nuestro mayor problema”, añadió.

A criterio de la ciudadanía, cualquier política ambiental que se adopte deberá comenzar por fortalecer la fiscalización, identificar fuentes de contaminación y sancionar a quienes afectan los ecosistemas urbanos

"Hemos pasado muchísimo tiempo sin ningún tipo de control en este tema. Es más que necesario que se empiece a cuidar lo que nos pertenece", agregó Mercedes Carpio, habitantes de la ciudadela Kennedy.

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