No hubo coordinación ni supervisión para reconocer quiénes colocaron 221 rótulos publicitarios que no tenían el permiso municipal respectivo, lo que ocasionó que no se recauden $ 2’375.102. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe aprobado por la Contraloría en torno al examen especial que ejecutó la entidad por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022. Es decir, en las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri.

Diario EXPRESO accedió al documento, aprobado el jueves 30 de marzo, que determinó que del 1 de enero de 2017 al 25 de octubre de 2020 no se realizaron los censos, no se actualizaron los registros de usuarios que ocuparon e hicieron uso del espacio y vía pública por la instalación de rótulos, ni se proporcionó información para la ejecución de operativos de control.

El informe señala que el jefe de Ocupación de Vía Pública en funciones del 1 de enero al 30 de junio de 2017, y del 1 de julio del 2017 al 25 de octubre de 2020, “no controló el registro de usuarios que ocuparon e hicieron uso de la vía pública”.

Aunque la Contraloría no cita quién estaba al frente de esa dirección, este Diario revisó en el portal de Transparencia del Municipio: ese año (2017) el director de Uso del Espacio y Vía Pública fue Efrén Baquerizo. Y en el listado de los trabajadores municipales con corte a marzo de 2023, Efrén Baquerizo continúa como director de Uso del Espacio y Vía Pública.

El informe consta de 108 páginas y, entre otros puntos, se establecen recomendaciones y están los descargos de los auditados, incluidos los concejales. Pero también llama la atención el apartado de ‘incidentes reportados por la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG)’, liderada por Gustavo Zúñiga.

Allí se explica que a través de un oficio fechado el 15 de septiembre de 2022, se remitieron los reportes, alertas y novedades por la instalación de los rótulos reportadas por el sistema de ojos de águila.

Para esto hay que tener en cuenta que tanto conductores como ciudadanos en general cuestionaron la falta de vigilancia para el montaje de las vallas, pues para colocarlas hay que romper los parterres, cerrar un tramo de la calles y es necesaria la asistencia de grúas.

Es así que en el oficio, la CSCG precisa que “el personal de la dirección de Justicia y Vigilancia no dio respuesta a 21 reportes ni coordinó con la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y (dirección) de Aseo Cantonal la verificación de la documentación para realizar trabajos de mantenimiento de los rótulos publicitarios”.

Luego de esto se encuentran algunos descargos de otros funcionarios auditados.

Posteriormente, en las conclusiones, la Contraloría especifica que no se proporcionó la documentación realizada por las 21 incidencias reportadas y “no existió la coordinación, controles y supervisión por parte de la dirección de Justicia y Vigilancia”; debido a que, acota la entidad, el director de Justicia y Vigilancia, a pesar de conocer las novedades y reportes de la CSCG, “no dio respuesta ni coordinó con el personal de la ATM y Aseo Cantonal la verificación de la documentación para realizar trabajos de mantenimiento de los rótulos publicitarios”.

En la parte final de este apartado, antes de las recomendaciones, la institución señala que el jefe de Vallas Publicitarias no efectuó las acciones de “inspección que respalden la gestión y controles de los operativos realizados”. Y que esto habría originado que no se “tomen las acciones correctivas” a fin de solucionar las novedades que se reportaron.

Xavier Narváez es el actual director de Justicia y Vigilancia. Él, en un artículo anterior, cuando se dio la lectura de las conclusiones en torno al borrador del informe en febrero anterior, respondió a EXPRESO que “había contradicciones y equivocaciones”. En ese entonces se dio a conocer un perjuicio de 2,5 millones de dólares.

“Tiene que hacerlo la dirección financiera. Yo no tengo competencia de esto desde el 2021 y, sin embargo, me siguen atribuyendo responsabilidad hasta 2022”, se defendió en esa fecha el funcionario.

Continuando con el informe, entre las últimas conclusiones se lee que se recibieron solicitudes de información y denuncias con relación a la instalación de rótulos publicitarios, “las que no fueron atendidas, ni gestionadas mediante operativos de control a fin de iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, debido a que el especialista de control y el director de Justicia y Vigilancia, en conocimiento de las solicitudes, no atendieron ni implementaron acciones de control que verifiquen el cumplimiento de las ordenanzas, lo que ocasionó que los rótulos publicitarios se encuentren ubicados en lugares no autorizados”.

Por su parte, la Contraloría adelantó a este Diario que esta es una etapa del tema. “Este es el informe aprobado con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones pertinentes, y la institución sugiere determinadas responsabilidades que pasan a otra etapa, que es la de juzgamiento”, detalló una fuente de la entidad.

El caso continúa.