Que 518 rótulos publicitarios se levantaron sin permisos en Guayaquil. Que no se cumplió con la vigilancia, el seguimiento respectivo y que tampoco se constató el inicio de procesos sancionatorios respecto a las ordenanzas. Estos comentarios formaron parte del abanico de conclusiones que se escucharon de la lectura que ejecutó la Contraloría, este jueves 9 de febrero, en torno al borrador de informe de auditoría, en la conferencia final de resultados correspondiente al examen especial que la entidad sigue sobre el tema.

Se trata del ‘Examen especial al cumplimiento de las ordenanzas municipales para la instalación y renovación de rótulos publicitarios en los espacios publicitarios del cantón Guayaquil, sus reformas, codificación y sustitutivas, va desde el 1 enero de 2017 al 31 mayo 2022’. Es decir, se incluye la última administración del exalcalde Jaime Nebot y durante el ciclo de Cynthia Viteri.

La lectura duró tres horas y se llevó a cabo en la Dirección Provincial del Guayas de la entidad, en el norte de la ciudad. EXPRESO estuvo en el sitio así como algunos directores municipales, sobre todo de las direcciones que tenían en un principio la competencia: Justicia y Vigilancia, con Xavier Narváez a la cabeza.

En la conferencia también se recordó una denuncia sobre el caso que interpuso Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachakutik; así como que no hubo acciones a los dueños de las estructuras para atribuir las responsabilidades. Y se reiteró que no se cumplió con la vigilancia en el área pública y privada.

Pero en esta auditoría también se incluye a los integrantes del Concejo Cantonal. Lídice Aldas fue la única edil que acudió a la lectura. Luego de la actividad, respondió que, de su parte, “sí había fiscalización”. “Dentro de la ley que nos permite y compete”, subrayó. Acotó que se debe revisar todo que se plantea de las ordenanzas.

En el discurso se escuchó un monto de $ 2,5 millones. Al respecto, Aldas espera que se “pueda recuperar ese dinero”.

Por su parte, Xavier Narváez, de Justicia y Vigilancia, tras salir de la sala, contestó a este Diario que en la lectura, a su juicio, “hay contradicciones y equivocaciones”. “Pero ellos hacen su trabajo, que es técnico y nosotros debemos presentar los descargos del caso”, afirmó.

¿Y de ese perjuicio de 2,5 millones que ahora se lo da a conocer? El funcionario respondió que “no hay un perjuicio” porque, acotó, se lo puede cobrar “si no se ha cobrado”.

“Tiene que hacerlo la dirección financiera. Yo no tengo competencia de esto desde el 2021 y, sin embargo, me siguen atribuyendo responsabilidad hasta 2022”, dijo Narváez, quien aseguró que las vallas siempre estuvieron sujetas a pagos a través de convenios.

Y aclaró que perjuicio no existe. “Que una valla no tenga permiso no significa que el ‘vallero’ no haya pagado; el ‘vallero’ hizo convenios y los fue pagando a la dirección financiera como cualquier persona que debe. Claro, no se emite un permiso mientras alguien no esté al día”, expresó.

Sobre las vallas que se levantaron sin permiso, el funcionario señaló que hay que hacer una división en las estructuras que están en la vía pública y las que se encuentran en propiedad privada. En estas últimas, subrayó que “no hay un marco legal regulatorio”. “Entonces, cómo se procesa un expediente, cómo se identifica, cómo se ingresa a un predio a retirarla...”, justificó.

Incluso se dio tiempo para citar un ejemplo: “Es como cuando uno coge a una persona cuando bota basura. No le puedo cobrar la multa metiéndole la mano al bolsillo; tengo que abrir un proceso, identificarlo y luego al final se impone la sanción. Asimismo es una valla en propiedad privada, donde no se puede ver y la ordenanza no regula ese tipo de cosas”.

Ante ello, Narváez aseguró que en la nueva ordenanza (que ha tenido varias modificaciones) recién se va a regular esta situación. Viteri había dicho que la normativa iba a estar vigente en enero de este año, pero no se sabe si ya entró en vigencia.

Desde 2022, este Diario ha contado la problemática de la proliferación de las monumentales estructuras en la ciudad. Se cuestionó por qué se permitió su colocación indiscriminada, pues para levantar una valla hay que cerrar la calle y es obligada la asistencia de una grúa. La ciudadanía también criticó que se saturen las avenidas principales con vallas o pantallas y que, la decisión de plantar un árbol en cada uno de los espacios donde se ubicaron las irregulares, no “librará” de responsabilidad.

En tanto, el caso continúa.