Quito: Iniciativa ciudadana impulsa proyecto de ley ante ola de robos
La comunidad junto con el concejal Wilson Merino impulsan ley para fortalecer la seguridad ciudadana
Ante el avance de la delincuencia y la escasa respuesta de las autoridades, moradores de la urbanización Santa Anita y del barrio Las Cuadras, al sur de Quito, decidieron asumir un rol activo en la defensa de su seguridad. A través de la organización comunitaria, la inversión de recursos propios y la participación en mesas técnicas, impulsan una propuesta legislativa que busca fortalecer la seguridad desde los gobiernos locales.
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Inseguridad motiva acción ciudadana urgente
En Santa Anita, una urbanización con 35 manzanas, 548 viviendas y cerca de 10.000 habitantes, el temor era parte del día a día. Robos a personas y vehículos, consumo y venta de drogas, y libadores en las calles deterioraban la convivencia. Frente a la inacción del Gobierno central, el Municipio y la Policía Nacional, los vecinos decidieron actuar. “Hemos tenido que formar una especie de gobierno en el barrio para cuidarnos entre nosotros. No nos quedó otra”, afirma Rocío Hurtado, presidenta del comité barrial.
Las alarmas comunitarias instaladas por el Municipio dejaron de funcionar, al igual que la cámara del ECU-911. Ante esta situación, los moradores invirtieron entre 5.000 y 7.000 dólares en siete centrales de alarma privadas, cada una equipada con megáfono, y activaron canales de comunicación para emergencias. Pese a ello, la respuesta policial sigue siendo limitada. “Tenemos un chat directo con la Policía, pero muchas veces no atienden las emergencias porque están en operativos con libadores”, comenta Hurtado.
Incluso la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), rehabilitada por los propios vecinos, permanece cerrada por falta de personal. “El Municipio habla de seguridad, pero no hay presupuesto para actualizar alarmas ni activar la UPC. Entregaron chalecos, formaron comités, pero ¿dónde está la tasa de seguridad?”, se pregunta la dirigente, quien durante un año participó en mesas de trabajo para construir una propuesta legal.
Una realidad similar vive el barrio Las Cuadras. Omar Manobanda, presidente de seguridad del sector, alerta sobre el aumento del microtráfico, el comercio informal y los robos en motocicleta. “El Municipio instaló alarmas hace un año, pero nadie capacitó a los vecinos. Todo lo que hemos hecho ha sido con recursos propios. La ley que estamos promoviendo busca que la seguridad no recaiga únicamente en los ciudadanos”.
Iniciativa popular propone nueva ley
Una de las propuestas claves es que los cuerpos locales de seguridad puedan encargarse del orden en el espacio público, tanto urbano como rural, controlando actividades comerciales, ocupación indebida del espacio y actos que alteren la convivencia ciudadana.
Omar Manobanda
Este lunes 4 de agosto de 2025, el concejal Wilson Merino, acompañado de líderes barriales como Hurtado y Manobanda, acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar una iniciativa popular normativa. Esta busca reformar la ley vigente y permitir que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) lideren una estrategia de seguridad ciudadana en coordinación con el Gobierno central.
La propuesta contempla la creación de consejos locales de seguridad en todos los municipios del país, así como la reactivación de una policía de proximidad con enfoque preventivo. Este cuerpo sería profesionalizado, equipado y con atribuciones claras para patrullar, prevenir delitos y mediar en conflictos comunitarios.
“No podemos pretender que la Policía Municipal enfrente a la delincuencia con toletes, mientras los criminales portan metralletas”, criticó Merino. Asimismo, denunció que en Quito han sido subutilizados 32 millones de dólares destinados a seguridad. “No puede haber improvisación ni estrategias aisladas entre niveles de gobierno. Necesitamos una política de Estado que integre esfuerzos”, insistió.
GAD deben asumir control preventivo
La iniciativa propone también una tasa de seguridad, destinada exclusivamente a financiar acciones preventivas, equipamiento, tecnología y formación constante. Merino aclaró que no se busca duplicar funciones, sino complementarlas: la Policía Nacional, enfocada en el crimen organizado; mientras que los GAD, en el control de delitos comunes como robos, asaltos, inseguridad vial y violencia en el espacio público.
Rocío Hurtado
“Esta es una propuesta nacida desde los barrios y para los barrios. La ciudadanía ya está haciendo su parte. Ahora es momento de que el Estado esté a la altura”, subrayó.
Según los moradores, el sistema de seguridad local funciona de forma fragmentada, con competencias dispersas entre la Policía Nacional, cuerpos municipales, ECU-911, Fuerzas Armadas y agencias de tránsito. La falta de coordinación y la ausencia de protocolos compartidos impiden respuestas integradas y efectivas frente a amenazas complejas.
El nuevo modelo propuesto se fundamenta en un enfoque descentralizado y complementario, con el cual los GAD asumirían tareas preventivas, de patrullaje y de orden comunitario; mientras la Policía Nacional concentra sus esfuerzos en enfrentar al crimen de alto impacto. “Lo que se construye desde la comunidad tiene más impacto que lo que se actúa únicamente desde una lógica militar”, concluyó Merino.
