Normas restrictivas y arcaicas, los escollos para vender Banco del Pacífico

La última vez que el Banco del Pacífico estuvo tan cerca de ser vendido fue en 2022, cuando un grupo peruano, dentro de una treintena de invitados internacionales a participar en el proceso, se mostró interesado. No obstante, el trámite no se concretó: su oferta de pago estuvo por debajo del 30 % del valor en libros (en ese entonces de $900 millones), lo que hizo que el proceso fuera inviable.

Roberto González, expresidente del banco, quien desde 2021 trabajó en subsanar sus cuentas para preparar a la institución para la venta, atribuyó el problema a un entorno macroeconómico poco favorable, atado a altas tasas internacionales y un riesgo país que, según dijo, hacía subir la tasa de descuento y con eso castigaba su valor patrimonial. No obstante, la situación económica no ha sido lo único que ha impedido concretar esta transacción. Los analistas observan que la razón de fondo está en los impedimentos constitucionales y algunas normas arcaicas que afectan su valor.

Alberto Dahik, exministro de Economía, comienza por atribuir el problema a los atrasos que Ecuador acumula en reglas de control, como las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), más avanzadas y que ya se aplican en otros países.

“En el momento en que un inversor hace la valoración y aplica NIIF de estándar internacional, se da cuenta de que necesita hacer más provisiones (por cartera improductiva). Y si esas provisiones suman $100 millones, entonces el valor cae en 100 millones y termina haciéndose una oferta que está por debajo de lo que indica su patrimonio”, explica tratando de ejemplificar por qué la oferta de inversores, hasta ahora, no ha sido la esperada.

Venta de Banco del Pacífico, años de intento fallido

El nuevo giro del Banco del Pacífico en torno a su apuesta de este año de ofrecer mayores créditos a las pequeñas y medianas empresas ($150 millones, según la proyección), enciende alertas entre analistas financieros de que este banco, por su condición de derecho privado pero de propiedad estatal, esté siendo aprovechado por el actual Gobierno para lanzar programas crediticios que, a la larga, podrían carecer de sostenibilidad y perjudicar a la entidad. De ahí que la propuesta sea retomar su intento de venta, un planteamiento debatido desde hace más de dos décadas.

“Es un banco que en 2024 cerró con utilidades récord, las más altas del sistema bancario, lo que convierte su venta en una oportunidad. Hoy el Estado tiene inmovilizados $1.000 millones en un banco que es excelente negocio, pero que le produce en utilidades ciento y pico de millones al año, cuando esos $1.000 millones (de patrimonio), si los vende, puede usarlos en otras cosas más urgentes”, dice Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, quien coincide con Dahik en que si se quiere concretar su venta, hay que hacer otros cambios legales, como el impedimento constitucional creado en el gobierno de Rafael Correa, que prohíbe en Ecuador que un grupo financiero, sea nacional o internacional, sea propietario de un negocio no financiero. Pero son los banqueros o las grandes empresas que tienen otro tipo de negocios los que manejan capitales mayores y están en capacidad de comprar un banco.

No cambiar esto es no abrir la puerta a reales inversionistas, coinciden los expertos, quienes creen que, subsanado el tema constitucional, habría que también modificar el Código Monetario y Financiero de 2014, que maximiza la intervención del Estado en el mercado, con la aplicación de techos en las tasas que se cobran por los créditos, como una “medida absurda” de querer controlar el costo de préstamos con reglas y no a través de la oferta y demanda del mercado y su nivel de riesgo.

“La norma no solo permite que el Estado controle las tasas de interés, sino los segmentos a los que se presta dinero, las garantías, los plazos y hasta los límites a los salarios de los banqueros, algo totalmente alejado de las prácticas internacionales. El problema no es que no haya inversionistas interesados; el problema es que no tengamos inversionistas por estas restricciones”, analiza.

¿Cómo proteger la sostenibilidad del Banco Pacífico?

Para cambiar esto se requiere de real voluntad política. Todo lo contrario, dicen, es seguir permitiendo que la Corporación Financiera Nacional (CFN) siga siendo su principal accionista, permeando en este y otros gobiernos la posibilidad de manipularlo de forma poco técnica, como ya antes ha sucedido.

“Pero si asumimos que es difícil venderlo, sí debemos asegurarnos de que no despilfarre dinero. Observar que en cualquier nicho de mercado donde entren, lo hagan con el criterio profesional y técnico de riesgos, no con una orden política”, alerta Dahik.

Otra propuesta que se analiza es abrir sus capitales en el mercado bursátil, un planteamiento que el empresario y experto bursátil Paul Palacios cree que tiene sus limitantes. Vender sus acciones al público de forma dispersa y no concentrada, dice, no solo es difícil en un mercado que es tan pequeño que no podría absorber una gran inversión, “sino porque creo que antes sería imprescindible tener un operador diferente al Estado, pues de lo contrario se trasladaría un riesgo inaceptable a pequeños inversionistas”.

Dahik anota otras vías, como la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo que privilegien un manejo técnico y transparente dentro del banco. Esto podría abrirle un camino para cotizar, en un futuro, en bolsas. Si bien el mercado bursátil del país es pequeño, agrega Acosta, se podría impulsar una venta parcial o minoritaria de acciones. “Hay beneficios de ciertos derechos de accionistas minoritarios que pueden ayudar a hacer un contrapeso en el manejo del banco”, sostiene.

Estas son las dudas no respondidas por la CFN, la principal accionista de la entidad

El pasado 24 de junio, DIARIO EXPRESO aprovechó un evento de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para conocer de cerca las políticas crediticias que la entidad impulsa este año, y en ese sentido conocer también cuál es el alcance del acuerdo que se tiene con Banco del Pacífico, respecto a un fondo de garantías que la institución ha creado para este y otros bancos privados, para facilitar la colocación de préstamos en sectores    productivos que más lo necesitan. No obstante, ese día, por temas de agenda, María Isabel Moncayo, actual gerente General de CFN, alegó no poder conceder la entrevista, pero pidió a su equipo reprogramarla, para la primera semana de julio. No obstante, pese a la insistencia de este Diario, eso no se ha dado.

Así, hay varios temas que se quedan en el aire, como la oportunidad de que los ciudadanos puedan conocer cuáles son los planes que CFN, como su principal accionista, tiene con el Pacífico. U otras dudas como: ¿Por qué    apoyarse en este banco para colocar créditos en sectores más necesitados    y no hacerlo con la ayuda de otros bancos públicos?,¿Qué postura tiene este    Gobierno respecto a su venta? ¿Cómo evitaría que este bien se deteriore como ha pasado con otras empresas estatales? ¿Está dentro de su agenda promover cambios legales que permitan a este u otros Gobiernos deslindarse de este bien patrimonial? Los lectores siguen esperando    respuestas.

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