Desesperados y sin poder hacer nada. Así definen estar decenas de conductores que ven cómo pese a que un juez dio la orden de suspender el uso de radares sancionatorios, los dispositivos continúan funcionando y generando multas.

EXPRESO conversó con varios guayaquileños que pidieron tener voz propia y demostrar su desacuerdo ante el nuevo reglamento que propone la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y que apunta, como informó este Diario ayer, que esta entidad sea ahora la que controle, regule y homologue el uso de los dispositivos. Algo que hasta ahora viene haciendo el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

Lo ven como una “trampa”. En eso coinciden todos los afectados, que exigen que el caso llegue a manos del presidente Guillermo Lasso, pues sigue aún en el poder y el reglamento no ha sido todavía aprobado.

“Debemos tener radares, así como un reglamento y multas, pero no pueden ser a favor de ellos y en contra de la ciudadanía. Se supone que las autoridades deben ver por nosotros. No deben tratar de sacarnos dinero”, manifestó Camilo Santillán, exigiendo ser escuchados “al menos una vez”.

Para los perjudicados, no es suficiente el comunicado de la ANT en el que ‘notificaba a las partes interesadas’ la sentencia que decreta la suspensión de los aparatos. Por ello, piden que se haga el seguimiento para que se cumpla dicha ‘suspensión’. “Están pisoteando la ley y lo seguirán haciendo. No hay quien les pare el carro. Pedimos la intervención del presidente para que pare con este abuso”, clamó el ciudadano Antonio Martillo.

Justamente el primer mandatario es quien deberá firmar o no el que sería el nuevo Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , que fue socializado, a decir de la ANT, durante siete días (del 12 al 18 de agosto), aunque la ciudadanía dice no estar al tanto de ese proceso.

“Queremos que estas palabras lleguen a sus oídos. Están afectando a la gran mayoría de conductores de la provincia del Guayas y de todo el país”, insistió Martillo.

Por su parte Eduardo Estrada, otro de los afectados, ha organizado a un grupo de decenas de perjudicados para recolectar firmas y llegar hasta la autoridad máxima, para que se amplíe el tiempo de socialización y se revisen los cambios realizados.

“Sacan esa ley porque se han dado cuenta de que hay algunos puntos por donde podemos defendernos. Con esta ley nos dejan totalmente indefensos y a su merced. La verdadera intención de la ANT es blindarse para evitar que los ciudadanos puedan defenderse, poniendo trabas en el proceso, siendo juez y parte”, analizó Gloria Bedoya, la mujer que fue sancionada por más de 40 ocasiones.

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Por otra parte Juan Llerena, quien denunció en redes sociales “ser víctima de las multas fantasmas generadas por los fotorradares”, apuntó también a la ATM como parte de esta trama que busca hacer daño. “Mi experiencia ha venido principalmente de los departamentos técnicos o de informática de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Son mañosos, malintencionados, mentirosos. Modifican la información. Tapan los errores, no los reconocen y son los más alterados en cada reunión que he tenido”, reveló Llerena, que alerta que el Cabildo poco se inmiscuye en el tema.

“Tanto el alcalde, Aquiles Álvarez, como José Franco, gerente general de la ATM, dicen que tienen la intención de ayudar y reconocen las injusticias del tema, pero se excusan en normas y reglamentos ‘a cumplir’ para finalmente no hacer nada”, agregó.

EXPRESO continúa esperando la entrevista ofrecida con los directivos de la ANT y de la ATM. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no han sido concedidas. En sus canales oficiales tampoco se ha dado pronunciamiento alguno.

Y mientras se esperan las respuestas, la ciudadanía tiene más preguntas. “¿Qué hago si me multan? Se supone que no deben multar, pero si lo hacen y no pago y luego sacan el reglamento, tendré intereses o hasta me pondrán en coactiva. ¡No sé qué hacer!”, comentó angustiado el conductor Antonio Martillo.

Sobre este tema Bélgica Castro, abogada especialista en temas de tránsito, sugiere que lo correcto es impugnar. “No debería ocurrir, pero si pasa, lo que deben hacer es impugnar y hacerlo con este fallo del juez. Eso quitaría la multa”.

Mientras esperan las respuestas de las autoridades, la indignación de los perjudicados crece. Ellos consideran que hay un conflicto de intereses.

“La conveniencia de la ANT, CTE, ATM, ATD (Durán) y de todas las compañías de radares es sancionar. Si no hay sanciones, no hay ganancia. Es claro que no es una medida para disuadir, sino para recolectar y eso es actuar de mala fe contra la ciudadanía”, argumentó Estrada.