La mitad de la casa y los enseres de José Mite quedaron desparramados en la vereda de su hogar, situado calles Franco Dávila y Rumichaca, luego de que la casa que arrienda se desplomara este 7 de enero.

Según los testigos y afectados del colapso, la estructura cayó luego de que una retroexcavadora, que realiza trabajos para la construcción de un carril de la Metrovía, golpeara uno de los pilares de la casa.

“Yo estaba en mi trabajo y cuando llegué me di cuenta de que lo había perdido todo. Se destruyó todo. Son como $4.000 en pérdidas. Recién vienen a poner un sello de demolición. El Municipio debió anticipar el peligro de esta vivienda”, sostuvo Mite.

La propietaria de la vivienda caída, Petita Soria, aseguró que no fue notificada por el Municipio de Guayaquil sobre el peligro de su vivienda. Reclama que, “por primera vez”, le coloquen los sellos para ordenar la demolición de la vivienda, para eximir “a la constructora del pago de los daños”, menciona.

Jorge Murillo, inquilino de Soria, coincide con su arrendadora y critica al Municipio por no haber advertido sobre el problema.

Walter Mora, coordinador de los proyectos de Gestión de Riesgos, desmiente que no se haya avisado a los propietarios sobre el peligro. “Esa era una casa declarada en estado de vetustez. Los propietarios debían presentarse en octubre del año pasado en el Municipio y no lo hicieron. La estructura estaba corroída, debieron acercarse a pedir la demolición de esa casa”, señala.

El titular del departamento de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, quien ordenó también la colocación de sellos de clausura por precaución a una vivienda aledaña, explica que la medida a la segunda estructura se da hasta obtener un informe técnico de la Dirección de Urbanismo Ordenamiento Territorial (DUOT), para descartar el peligro.

Narváez también explicó a este Diario que existen otros 350 expedientes abiertos de viviendas declaradas en estado de vetustez en Guayaquil, que deben ser reparadas o demolidas, según determinen los informes de la DUOT.

“La mayoría de estas casas está situada en el sur y oeste de la ciudad”, precisó. Entre las trabas legales para la demolición citó, conflictos internos entre las familias por traspasos de herencias. Añadió que, desde Justicia y Vigilancia, diariamente se realizan alrededor de 10 demoliciones diarias.

Víctor Zapata, propietario de una panadería situada en la estructura clausurada por precaución, se quedó con toda la producción de pan para la venta de la tarde y noche de este 7 de enero.

“A estas horas se vende entre $100 a $120. Ahora recién que dicen que esta casa ha estado en peligro. La cuestión es que no se sabe qué tenemos que hacer, supuestamente deben hacerle adecuaciones”, explica.

Cristóbal Albán, arrendador de Zapata, dice que no conoce el estado de la casa, pero que incluso después del terremoto la inspección fue satisfactoria, algo que espera no haya cambiado.