Aguiñaga responde al Gobierno tras responsabilizar a los GAD por estragos invernales
La ministra Morillo señaló las exigencias de planes preventivos mientras la Prefectura asegura que actuó desde noviembre
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, rechazó los señalamientos del Gobierno Nacional sobre una supuesta inacción provincial ante la etapa invernal, luego de que el Ejecutivo, a través de la ministra Nataly Morillo, responsabilizara a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por la falta de dragado en los ríos para prevenir las emergencias actuales.
Cruce de declaraciones
El cruce de declaraciones responde a la exigencia pública de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y la ministra de Gobierno, Nataly Morillo. El ente estatal advirtió este 24 de febrero que la remoción de sedimentos es una obligación legal y alertó que la omisión de planes preventivos agrava el impacto del temporal.
Para sustentar el reclamo, la ministra Morillo exhibió, en una entrevista radial, oficios enviados a la administración guayasense desde julio de 2025 exigiendo detalles técnicos sobre la mitigación.
#PuntoDeOrden | El dragado es competencia de las prefecturas y no del Gobierno central; sin embargo, la ministra de Gobierno, @natalymorillo, aseguró que desde el año pasado la ministra Inés Manzano realizó varios requerimientos a la Prefectura del Guayas para conocer el plan de… pic.twitter.com/OzTJUyPLNb
— CENTRO Digital (@radiocentroec) February 24, 2026
Aguiñaga contestó a las exigencias estatales durante un despliegue territorial de maquinaria. La titular del Consejo Provincial aseguró que su contingente opera desde noviembre de 2025. "Aquel que te diga que sólo dragar evitará que te inundes, te miente", aseveró la funcionaria para desestimar la presión proveniente de Carondelet.
En este contexto, la prefecta utilizó como argumento la reestructuración de la obra fluvial. Ratificó que la institución no desembolsará 45 millones de dólares bajo el antiguo esquema de contratación para limpiar el río Guayas, reiterando que la entidad busca un socio privado mediante licitación internacional para trasladar el riesgo financiero a largo plazo, una medida que requiere tiempo administrativo.
Aunque Aguiñaga citó sus acciones, como la activación del COE provincial, entrega de kits de ayuda y el despliegue de maquinaria, no respondió directamente sobre los oficios que el Gobierno señala que no se respondieron.
Disputa bajo el agua
La disputa jurisdiccional ocurre mientras el país registra 914 eventos adversos, cinco fallecidos y más de 1.100 damnificados en lo que va del año 2026. En la provincia del Guayas, los estragos mantienen declaratorias de emergencia activas en 16 cantones y contabilizan más de 9.000 personas atendidas por la corporación provincial.
Mientras las autoridades debaten las competencias sobre la cuenca hídrica y la validación de oficios, la realidad en las zonas vulnerables evidencia un colapso. Las intervenciones actuales se limitan a limpiezas paliativas de canales y entrega de kits humanitarios, dejando a poblaciones como Milagro bajo el agua ante la falta de una solución estructural coordinada entre el Estado central y los gobiernos locales.
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