Daniel Moya consiguió una beca en 2014 para asistir a una universidad en Australia. Ahora debe 64.000 dólares por supuestos valores no declarados de su beca.

Hace un mes EXPRESO contó la historia de cómo Daniel junto a su padre, Byron Moya, se han vuelto ‘deudores’ desde 2020, pero ellos no buscan solventar dicho monto, sino que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) les condone el pago, pues señalan que han presentado los valores destinados a la educación de Daniel cada semestre.

Tras el reportaje de EXPRESO, la Senescyt accedió a una reunión con Byron Moya, pues Daniel no se encuentra en el país, ya que está cursando un posgrado en la universidad donde se graduó, y fue aplicada la beca que ahora le ha traído tantos problemas.

“Tras habernos sentado a revisar cada papel y toda la evidencia que les mostré, ellos terminaron por darme la razón, cosa que sabía desde un inicio”, relata Byron.

Su documentación estaba completa, pese a que el organismo señalaba que faltaban papeles. Pero esto se debía a la negligencia de analistas y abogados del ente para archivar los documentos que habían sido enviados vía digital. En una carpeta física, el único respaldo que había para observar eran las declaraciones de gastos de la beca de Daniel.

“Que entre los cambios de edificio, del personal y el nombre del ente que hizo el trámite, que fue la Senescyt, pero antes fue el IECE, entre otros más, se dieron estos errores, decían los analistas y abogados con los que hablé”, explica Byron.

Sin embargo, pese a haberle dado la razón, el mismo ente le indicó que no podría hacer nada, pues el caso ya comenzó en procesos de coactiva y estaban en medio de este juicio.

“¿Entonces ahora qué? Me dicen que cometieron un error y ya. ¿Ahí quedó? ‘Nos equivocamos, pero ya eres deudor y no podemos hacer nada’: eso lo que hicieron básicamente. ¡Esto es inaudito”, reclama.

Este Diario interpeló a la Senescyt y exigió explicaciones frente a este caso, pero la respuesta hasta el cierre de esta edición no llegó.

¿Por qué pese a haberle dado la razón a los Moya, no condonan la deuda de la beca? ¿Cuánto tiempo tomaría el dar una solución a la situación de los afectados? ¿Por qué cuentan únicamente con un registro físico de este caso? Esos fueron algunos de los cuestionamientos a este organismo, que no se pronunció.

Pero el caso de Daniel no es el único. Hay otros, con otros elementos en juego, que igual mantienen en zozobra a los entonces beneficiarios de un crédito universitario y ahora perjudicados, quienes han pedido que sus deudas sean refinanciadas con cuotas más justas. No obstante, han sido ignorados.

Académicos como Ivo Orellana, exsubsecretario del Ministerio de Educación, y Galo Cabanilla, rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), coinciden en que lo ético sería solventar el problema.

“En muchos casos, el ‘cumplimiento de los beneficiarios’ tiene que ver con problemas en la deficiencia del proceso administrativo de las diferentes instancias gubernamentales”, sostiene Orellana, quien explica que es necesario un cambio administrativo a nivel de soluciones ofrecidas.

“No es posible que con pruebas y todo, el sistema los siga considerando deudores”, opina.

De igual manera, Cabanilla expresa que este error debe ser corregido por un tema de ética, pues considera que se debe efectuar una reestructuración completa para la asignación de los créditos educativos, partiendo desde quien los maneja.

“La Senescyt debe cambiar este esquema y manejarlo desde una perspectiva diferente, actuando a favor del estudiante con tratos justos y facilidades de pago de acuerdo con su caso, mejorando todas estas políticas y no dentro de una institución financiera privada”.