Unos ganan, otros pierden. Con la nueva Ordenanza de Coordinación de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que entre sus ítems más destacados apunta a la protección de los planteles educativos del microtráfico, los vendedores informales se muestran afectados por la prohibición de expender afuera de escuelas y colegios.

Desde que entró en vigor la norma, ahora deben expender sus productos a 200 metros de las    unidades educativas;es decir, a dos cuadras de donde muchos afirman haber estado por diez, veinte y hasta treinta años ofreciendo mangos, ciruelas, dulces, helados, entre otros productos, como parte de sus ingresos para el sustento de sus familias.

Teodoro Galarza, quien vende dulces afuera de la Unidad Educativa Fiscal 28 de Mayo, asegura que la disposición municipal lo está perjudicando mucho. “Nosotros tenemos tiempo en estos negocios y estamos sorprendidos con lo que ha hecho la alcaldesa (...) Nosotros no vendemos drogas. Lo que deben hacer es mandar a los policías con perros antidrogas para que huelan a los sospechosos que se paran afuera de los colegios. Porque nosotros los vendedores somos los que pagamos los platos rotos”, cuestiona el comerciante.

Como muchos, asegura que tras la vigencia de la ordenanza, aprobada el pasado 29 de junio, sus ventas han bajado más de la mitad. “Si en el día hacía unos 30 dólares, hoy ya no se llega a eso. Andamos corriendo porque nos vienen a sacar. Nosotros tenemos que llevar el pan a la mesa de nuestra familia”, sostiene.

A pocos pasos de él, Alejandro Benítez, vendedor de helados, intentaba acoplarse a la nueva disposición ubicándose en el puente peatonal, donde se habían acomodado otros informales, para aprovechar el paso de los estudiantes que al mediodía entran y salen de la institución, que ahora es resguardada por personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme). Una de las funciones de los uniformados, según informó el Cabildo, es desalojar de los exteriores de los planteles a vendedores informales, para evitar que esta situación sea aprovechada por sujetos dedicados al microtráfico.

Fátima Vergara también trata de evitar los problemas. Sus ventas de mangos han bajado porque ella se ha ubicado al frente del colegio y considera que los 200 metros de distancia son excesivos, pero    prefiere acatar la norma por el bien de los estudiantes. “Por la seguridad de ellos debemos acatar la disposición. Lo digo porque también soy madre y tengo a mi hija que estudia incluso aquí mismo. Se infiltran (delincuentes) y, como siempre, por unos pagan todos”, reclama.

Esther Delgado, madre de familia, considera que, por una parte, está bien la decisión municipal; pero por otra, no está de acuerdo con la decisión de alejar a los informales. “También tienen derecho a vender. Esta ordenanza no nos garantiza del todo (que los estudiantes no estén expuestos), porque hasta adentro del colegio puede haber alguna situación de venta de drogas”, reflexiona.

Con ella concuerda María Macías, otra madre de familia. “No estoy de acuerdo porque todo el mundo necesita trabajar, en estos tiempos que está difícil la situación con la economía. Hay algunos vendedores a los que uno reconoce porque tienen años”, comenta, al considerar que debería haber más presencial policial no solo afuera del colegio donde están sus hijos, el Réplica Aguirre Abad, sino en todos.

Aunque ella asegura que el plantel sí recibe resguardo, al mediodía del pasado miércoles este Diario no vio policías ni agentes metropolitanos brindando protección a los alumnos. Lo que sí había era un guardia de seguridad dentro de la unidad educativa.

Marcos Tenorio y Manuel Rolando Arias, quienes venden afuera del colegio Dr. Luis Augusto Mendoza, en Mapasingue, proponen otras soluciones para el bien de todos. “Lo primordial sería una reunión    y que los rectores sepan quiénes son realmente los comerciantes y quiénes no lo son. Aquí ya tenemos años, los estudiantes nos conocen. Todos queremos trabajar, tener ingresos”, propone Tenorio, respaldado por un grupo de alumnos que a diario le compran granizados.

Manuel Rolando, quien asegura tener 30 años vendiendo en el sector, pide retomar el programa Vendedor Seguro, que hace años emprendieron con la Policía, en el cual los capacitaron y les dieron chalecos para reconocerlos. “Se perdió eso y ahora comenzamos otra vez”, lamenta Tenorio, quien al igual que los demás informales aprovecha cuando no hay resguardo afuera de los planteles para continuar con sus labores habituales.

Puntos destacados de la Ordenanza:

* Establecer un radio de 200 metros alrededor de los planteles educativos donde no podrán colocarse vendedores informales.

* Se pide a los planteles educativos que designen a un responsable de seguridad.

* Prohibición del porte de armas de fuego, blancas y contundentes en el espacio público.

* Establecer marcos de convivencia y solución de conflictos en el espacio público.

* Fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, tanto aquellos que dependen del Municipio como del Gobierno Central.

* La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) asume las funciones del Consejo de Seguridad que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).