$ 2,2 millones para que la ATM “impacte” a Guayaquil

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$ 2,2 millones para que la ATM “impacte” a Guayaquil

Vicente Taiano contrató un plan comunicacional en pandemia. El servicio contempla cargos que ya existen en nómina. Se reclama atender prioridades

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Proceso. Vicente Taiano firmó el contrato en octubre de 2020.Christian Vasconez / Expreso

A los contratos de Letras Vivas, Trapeado y Monumento al Bicentenario se suma un nuevo acuerdo, esta vez fraguado por la Empresa de Tránsito de Guayaquil, que en plena pandemia, el 19 de octubre de 2020, contrató un plan comunicacional por $ 2,2 millones para informar del trabajo que ejecuta. Fue suscrito por Vicente Giovanny Taiano Basante, gerente general de ese entonces, con la compañía DGMC Ecuador S.A.

La ATM cuenta con un equipo de comunicación que informa sucesos como operativos, campañas o cierre de calles. De hecho, tiene un grupo de WhatsApp solo para difundir información a los medios, pero al parecer eso no es suficiente, ya que en la cláusula 4.2 del contrato, la entidad deja escrito a la empresa que quiere “impactar” a la ciudadanía.

Para ese fin, el acuerdo estipula desarrollar y elaborar estrategias comunicacionales que “impulsen la tarea informativa y publicitaria”, generar “conocimiento” sobre las obras, servicios, actividades, seguridad vial y otros temas.

El proceso fue subido bajo Régimen Especial y se invitó, además, a los proveedores Paradais S.A. y Maruri Grey.

La ATM no responde a este Diario. Primero argumentó que, “por disposición superior”, los requerimientos sean por correo, pero hasta el cierre de esta edición las respuestas tampoco llegaron a través de ese medio.

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En la Superintendencia de Compañías, DGMC Ecuador S.A. ofrece servicios de agencia de publicidad, marketing, campañas de comercialización y otros. Su presidente es Carlos Salame Viteri. Andrés León, miembro de la compañía, se dirige a este Diario, vía correo, y resume detalles del contrato ya especificados, pero no justifica por qué cuesta $ 2,2 millones ni qué tipo de desglose, por rubro, se aplicó en el acuerdo.

De hecho, endilga la responsabilidad a la ATM. “La justificación del monto de un proceso contractual siempre le corresponderá a la entidad contratante. La empresa ha sido contratada para brindar un servicio en base a las necesidades institucionales”, escribe.

Dice sí que el acuerdo tiene como objetivo el informar a la ciudadanía a través de sus campañas de comunicación, sobre todo en momentos de pandemia, “en la que la información relacionada a la movilidad se volvió vital, al existir anuncios sobre los estados de excepción, restricciones, transporte y espacio público (...)”.

Los pliegos del contrato estipulan contratar a tres directores (creativo, de cuentas y de medios) y a un ejecutivo de cuentas. En pocas palabras, al estilo del Municipio, Taiano Basante pagó para ampliar su equipo de comunicación, en el que el mes del contrato constaban ya empleados como Orlando Murillo, como jefe, con $ 2.600 de remuneración, y Daniel Solórzano como director, con un sueldo de $ 4.268.

La ATM, además de ellos, cuenta con Enrique Muñoz, quien es coordinador, tiene comunicación directa con los medios y gana $ 3.500 al mes. En la nómina de Transparencia, en el personal de planta hay, además, analistas y especialistas de comunicación, y jefe y analista de publicidad, todos con sueldos de más de mil y $ 2 mil.

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El contrato contempla la producción de cuñas de radio, servicios publicitarios alternativos, pauta de radio y televisión que tengan cobertura local; gestión y promoción de activos digitales para el desarrollo y mantenimiento de los perfiles en redes sociales, entre otros.

La ejecución contractual es de 365 días o hasta que se consuma el valor del precio del contrato, deja claro el acuerdo, que tiene como alcance llegar no solo a los ciudadanos, sino también a quien circule por la ciudad, gremios o actores vinculados a la movilidad y hasta a los medios de comunicación, una labor que ya hace el equipo de la entidad en WhatsApp.

Cómo pretende el plan mejorar a Guayaquil en cuestión de tránsito, cuáles son las garantías y cómo prevé que tendrá el éxito, son respuestas que la ATM debe a este medio.

Tanto expertos como colectivos ciudadanos consultados, cuestionan el monto y la coyuntura en que se obtiene este servicio, pues señalan que hay prioridades no resueltas.

César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, aprueba que las inversiones que haga cualquier entidad sean destinadas para beneficiar a la ciudadanía, pero critica que la autoridad gaste por difundir lo que realiza.

“No. No es importante ni prioritario. Lo prioritario sería que se hagan campañas educativas para educar al público en normas de tránsito, en temas de permisos, qué hacer cuando se venció, por ejemplo, el tiempo de matriculación, cambio de calles...”, afirma Cárdenas, al refutar esta contratación en tiempos de pandemia y con una Guayaquil en alerta 2.

Pone sobre la mesa otras deudas que, a su juicio, no están resueltas como es la normal operación de los taxirrutas de Durán. “La entidad restringe el derecho de elegir el transporte que mejor le convenga al usuario por monopolizar otros servicios de transportación”.

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Critica que la Metrovía siga rodando con más personas de lo permitido (50 % de aforo), sobre todo en las horas pico. “Afuera hacemos cola y adentro vamos cachete con cachete. No es posible que esto siga pasando. Una fundación no debe estar exenta de las regulaciones del mismo Municipio”, piensa.

Bajo la mirada de Byron Galarza, experto en Comunicación, lo que la institución busca con este plan es tener presencia en el campo de la comunicación tradicional, alternativa y, por supuesto, en la publicidad. “Es un monto muy grande. Para adjudicar ese contrato de esa magnitud se debe sustentar que detrás del contratista hay una larga y vasta experiencia de manejo de campañas”, detalla.

Galarza agrega que la ATM, seguramente, “tiene muchísimo que comunicar”, y espera que lo justifique. Pone como ejemplo al Ministerio de Salud, que, si en este momento decide lanzar una campaña con ese mismo monto, es válido, pues el país atraviesa una pandemia. “Hay una necesidad urgente de comunicar en función de lo que sucede en el país”, asevera Galarza, quien también se ha desempeñado como docente.

En octubre próximo se cumple el plazo del servicio comunicacional. Las respuestas siguen pendientes.