El anuncio del presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, de realizar una auditoría forense que complemente el informe donde se conoció que el pasivo del club asciende a 51’600.000 de dólares, podría servir para establecer responsabilidades del déficit.

La auditoría forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales.

Se trata de una técnica de gran utilidad y colaboración para la investigación de cuerpos de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial, permitiendo esclarecer posibles actos ilícitos o delitos.

Los resultados que esta arroje establecerían el grado de culpabilidad de cada administración, dependiendo del período que la auditoría contemple.

Hasta el momento ningún vocero del Ídolo ha dado a conocer cuándo se iniciará dicha auditoría, ni el período que cubriría. Sin embargo, la investigación que se realice durante este proceso podría sacar a la luz las negociaciones realizadas desde hace algunos años, incluyendo los nombres de los proveedores con quienes Barcelona haya firmado contrato.

El artículo 15 de la Ley del Deporte señala que los clubes son organizaciones deportivas sin fines de lucro, con finalidad social y pública, que se regirán bajo sus propios estatutos.

Si se encontrare alguna irregularidad en las negociaciones y esta se encasilla en la figura legal del delito, cualquier persona (dirigente, socio o hincha) podría presentar una denuncia en contra de quienes la hayan perpetrado.

El estatuto de Barcelona señala los castigos administrativos a los presuntos culpables. Sin embargo, en caso de encontrarse responsabilidad penal entre los involucrados podrían ser llevados ante la justicia común.