Más allá de la bandera: ¿cuántos colores faltan en la lucha LGBTIQ+?

Aunque Ecuador ha alcanzado hitos importantes en materia de derechos LGBTIQ+, como el reconocimiento de la identidad de género en la cédula y el matrimonio igualitario, la vida cotidiana de muchas personas trans y miembros de la comunidad aún está marcada por la exclusión, la discriminación y la violencia. Más allá de los avances legales, persisten vacíos estructurales que el Estado no ha logrado llenar.

La lucha por la igualdad sigue vigente. Acceder a una atención médica digna, contar con entornos laborales seguros y respetuosos, incidir en la formulación de políticas públicas y estar debidamente representados en las estadísticas oficiales son demandas urgentes. Sin embargo, todavía no existen acciones contundentes que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país.

Datos oficiales limitados y poco reconocimiento estatal

En Ecuador no existe un registro oficial y completo, avalado por una entidad gubernamental, que permita conocer con precisión cuántas personas forman parte de la comunidad LGBTIQ+. Esta falta de datos dificulta la creación de políticas públicas efectivas y basadas en evidencia.

Emilio Villafuerte, activista y representante de la organización Valientes de Corazón, explica una de las razones detrás de este vacío: “La comunidad LGBT tiene una resistencia para dar su información porque no sabemos cuál va a ser la finalidad de dar esa data, hay una desconfianza”.

Afirma que el miedo y la incertidumbre sobre cómo será tratada la información impiden contar con datos reales. Además, señala que los datos recolectados por el INEC en los últimos censos no han sido eficientes en cuanto al reconocimiento de las identidades LGBTIQ+. “Hay muchísimos chicos que deciden vivir en el anonimato, incluso también por este tema del autocuidado o las amenazas que reciben”, sostiene.

Otra problemática importante es el tratamiento y registro de las denuncias por actos de violencia y crímenes de odio. Emilio señala que el acceso a datos oficiales es limitado, lo que obliga a las organizaciones de la sociedad civil a elaborar sus propios informes a partir de casos puntuales que logran documentar.

Uno de ellos es el informe Runa Sipiy, elaborado por la Asociación Silueta X junto a organizaciones aliadas, que reportó 30 asesinatos de personas LGBTIQ+ en 2024. Del total, el 73,3 % correspondió a mujeres trans, evidenciando su alta vulnerabilidad frente a la violencia.

El estudio realizado por la Asociación Silueta X revela un alarmante aumento del 87,5 % en los asesinatos de personas LGBTIQ+ en los últimos cinco años. Emilio advierte que en Ecuador no existen datos oficiales libres de sesgos o falencias que reflejen con precisión la cantidad de crímenes de odio cometidos contra esta comunidad. Esta carencia no solo afecta la visibilidad del problema, sino que también limita la capacidad de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar este tipo de actos.

A esto se suma la ausencia de manuales escolares y protocolos de no discriminación en el sistema educativo. Aunque la Constitución prohíbe la homofobia y la transfobia, no existen lineamientos claros para prevenir el acoso en aulas ni guías de formación al personal docente.

Salud pública: sin cartera ni protocolos de atención

La salud es uno de los ejes más descuidados en la agenda de derechos de las personas LGBTIQ+. Para muchas personas trans, la terapia de reemplazo hormonal es vital, pero aún carece de cobertura pública y de protocolos claros dentro de la red estatal. “Después de la pandemia, vimos cómo enfermedades crónicas y necesidades inmediatas, desde hormonas hasta tratamientos antirretrovirales, quedaron en un limbo”, denuncia Emilio Villafuerte.

La falta de una cartera de salud dedicada a la población trans obliga a recurrir a la atención privada, a la cual la mayoría de las personas no puede tener acceso debido a su alto costo.

Otro problema que enfrentan es el VIH. Datos de la Organización Panamericana de la Salud advierten que Ecuador enfrenta fluctuaciones en los suministros de antirretrovirales, afectando principalmente a comunidades vulnerables. Para Villafuerte “la ausencia de campañas masivas de prueba y prevención deja a demasiadas personas en riesgo. La atención debe ser una prioridad para los centros de salud, no solo de ONG o clínicas especializadas”.

Sistema laboral: discriminación y empleo informal

El acceso a un empleo formal es un derecho de cualquier ciudadano, sin embargo, las personas que son parte del colectivo enfrentan más barreras. Quienes expresan abiertamente su orientación sexual son mas vulnerables a sufrir discriminación, acoso o despidos. “Conozco el caso de una compañera lesbiana que trabajaba en la banca privada, al reconocer abiertamente su orientación y tras casarse con su pareja sufrió violencia psicológica y tuvo que renunciar”, relata Villafuerte.

Ante esto, gran parte de la gente de la comunidad cae en empleos informales, donde no se tiene el acceso a la seguridad social, están sujetos a horarios no regulados y son más propensos a malos tratos. El informe Runa Sipiy señala también que la precariedad económica agudiza la exposición a violencias físicas y sexuales, al no contar con redes de apoyo estables.

Las iniciativas estatales existen, la Secretaría de Derechos Humanos afirma impulsar programas de inserción laboral, pero "carece de recursos y de articulación con organizaciones de base". “Las mesas de trabajo se organizan sin las voces trans. Luego se traducen en proyectos que no llegan a la práctica”, critica Villafuerte. La falta de seguimiento y la inconsistencia presupuestaria ahogan cualquier avance.

Más acciones del Estado

Activistas y organizaciones LGBTIQ+ reconocen que el gobierno apenas comienza a tomar la posta en el abordaje de sus derechos, por lo que son conscientes de que los cambios no serán inmediatos. Sin embargo, insisten en la necesidad de un reconocimiento real y efectivo. “No nos consideran como sujetos de primera categoría para formar parte de las mesas de trabajo en las que se construyen estas políticas públicas”, expresa Villafuerte.

Mantienen que es necesario dotar de presupuesto a la Secretaría de Derechos Humanos, capacitar a personal sanitario y educativo, garantizar cobertura integral de salud para personas trans y crear incentivos para la contratación inclusiva. Sin estos pasos, los avances jurisprudenciales seguirán siendo una casa vacía: hermosa por fuera, pero sin quien la habite.

“La comunidad LGBTI no salimos tan solo a marchar o a un desfile de modas, sino que es una comunidad que históricamente ha luchado y sigue luchando por sus derechos”, concluye Emilio Villafuerte.

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