Más convocados. Fue el turno del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, de acudir ante la comisión multipartidista de la Asamblea que investiga los hechos del paro nacional que él prefiere llamar “levantamiento”.

Con “un saludo cariñoso del páramo” llegó el prefecto para, básicamente, repetir los argumentos de los otros representantes sociales que pasaron por el mismo espacio: el primer acto de violencia en estos hechos fue la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, y el segundo acto fue la aplicación de la carta, es decir el decreto 883. “Ojalá esta comisión pudiera tener acceso a la carta de intención firmada con el FMI, ese es el primer acto violento, lo que se debía hacer es socializar con la Asamblea, con los diferentes sectores del país las medidas económicas del decreto 883”.

Pero al ser cuestionado sobre los hechos violentos protagonizados por los manifestantes y quién se responsabiliza por ellas, resucitó una frase de Martin Luther King que habla sobre la necesidad de la desobediencia civil frente a actos ilegítimos del poder. Negó que hubiera violencia por parte de los manifestantes con excepción de encapuchados.

▶Leer: Pachakutik y el correísmo no dejan ni preguntar

Le preguntaron si puede detectar quiénes causaron la violencia, dijo que en todo caso la violencia vino de la Policía y que en respuesta algunas personas encapuchadas lanzaron piedras y que no sabría reconocerlas. También negó la toma de la Asamblea Nacional durante los días de las protestas, tal como lo acusara el asambleísta Fabricio Villamar, quien lo denunció ante la Fiscalía General del Estado.

Siguió enfilando sus cuestionamientos al Gobierno. Habló de 11 asesinatos durante los 11 días de protestas, que según el argumento del Gobierno fallecieron producto de accidentes en el marco de las protestas. Además dijo que el 90 % de las más de 1.100 detenciones son arbitrarias. Todo sin presentar una sola prueba.

Jhajaira Urresta, una de las afectadas por exceso policial, relató su historia ante los asambleístas. La ciudadana de 27 años y esposa de un militar dijo que salió a las 20:00 del 12 de octubre de 2019, el día en el que se decretó el toque de queda en Quito, a la avenida Oriental en el barrio La Tola Baja junto a un puente peatonal a participar del cacerolazo, cuando un equipo del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) llegó al sector. Uno de sus miembros se bajó y le disparó en la cara. “Él apuntó, disparó, giré un poco hacia mi derecha y la bomba se impregnó en mi ojo desprendiéndolo y sacando los nervios de la cuenca del mismo. El sangrado era contundente. El uniformado seguía parado en el muro de contención con el arma en su brazo derecho”, relató. Fue auxiliada por vecinos que la llevaron al Hospital Militar donde, según dijo, no la quisieron atender. Fue sometida a una operación de 8 horas. Perdió el iris, la pupila, toda la visión, todos los huesos de la nariz. “La ministra (María Paula Romo) me dijo que era una tristeza lo que me ocurrió. Que los uniformados también estaban heridos y que me iba a enviar alguien para hacer un recuento de los hechos. Hasta ahora nadie ha llegado, pero lo que siempre hay es una moto que me toma fotos”.

Johanna Orbe integra un grupo llamado Acción Jurídica Popular, que auspicia legalmente varios casos de detenidos y que la Defensoría Pública no puede auspiciar por falta de personal. Uno de los casos es de 73 personas detenidas en la incursión a la Asamblea Nacional. Según relató Orbe, no se siguieron los procedimientos adecuados, existen inconsistencias en el parte policial, entre otros factores, que derivó en la posterior liberación del grupo. “Se retuvo ilegalmente a los protestantes en la Asamblea Nacional sin dejarlos comunicarse con sus familias ni con nadie. Incluso se detuvo a un dirigente de un barrio de Quito que estaba entregando víveres y no tenía nada que ver con la protesta”.

Otro de los casos que sigue el grupo es el de los detenidos en las inmediaciones del Aeropuerto de Quito y que, según la versión oficial, tenían información sobre la agenda del presidente y el vicepresidente. Además, el caso de detenidos por la quema del edificio de la Contraloría.

La mesa legislativa seguirá recogiendo versiones para elaborar un informe sobre el paro de 11 días.

Denuncian persecución

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y Jhajaira Urresta, afectada físicamente durante el paro, denunciaron una supuesta persecución por parte de la Policía Nacional. Según Pérez, fue filmado y fotografiado por agentes de inteligencia en el Aeropuerto de Cuenca antes de viajar a Quito para su comparecencia a la Asamblea Nacional. Una denuncia similar hizo Urresta en la mesa legislativa. Que una patrulla policial la persigue y que incluso le han tomado fotos.