Abogado activista a los 25 años; concejal de Cuenca a los 27 por la alianza entre Pachakutik y el Nuevo País de Fernando Cordero y Freddy Ehlers… La carrera política de Yaku Pérez Guartambel (Tarqui, Azuay, 1969), centrada en el derecho ambiental y la gestión de cuencas hidrográficas (dos de sus especializaciones académicas), tenía a lo sumo proyecciones regionales hasta que el gobierno de Rafael Correa se ensañó con él. Ensañarse es la palabra correcta: en 2010 había dirigido las protestas contra la Ley del Agua en su provincia, con sus seguidores había interrumpido el paso por la carretera como se estila en estos casos y había sido detenido.

Con Correa despotricando en las sabatinas, el gobierno le impuso un cargo por terrorismo y sabotaje: excesivo y descabellado para un presidente acostumbrado a tratar con la guerrilla colombiana y llamarla “ejército irregular”. Sin embargo, ya en las cortes, esas ínfulas represivas bajaron como espuma de cerveza ante la simpleza de los hechos y el asunto se saldó con ocho días de prisión por paralización de servicios públicos. Esos ocho días hicieron de Pérez una figura nacional.

En esos tiempos todavía se llamaba Carlos Ranulfo. De su cambio de nombre en 2017 se ha querido hacer un caso: se lo acusa de oportunista, de esnob, de hacerse pasar por indígena sin serlo. La verdad es que Pérez (él atribuye ese apellido al de los dueños de la hacienda donde creció su familia) no fue el primero ni será el último. 

En el norte del país, el cambio de nombre es una proclamación de identidad indígena desde hace décadas. Así fue como el poeta quichua otavaleño Jacinto Conejo se convirtió en Ariruma Kowii: literalmente ‘Alegría Conejo’; María Estela Vega pasó a ser Nina Pacari (‘Fuego de la Naturaleza’); y Segundo Antonio Tituaña, más pretencioso, se puso Auki, como se llamaba al príncipe heredero del Tahuantinsuyo, y con ese nombre se convirtió en alcalde de Cotacachi. El antecedente se sitúa en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60. El caso más famoso: Cassius Clay convertido en Muhammad Ali. En cuanto a Pérez, eligió un nombre relacionado con su activismo ambientalista: Yaku Sacha (‘Agua del Bosque’).

El hecho es que Carlos Pérez, hoy Yaku, convertido en figura nacional, fue electo presidente de la organización regional indígena más importante del país: la Ecuarunari. Ocupó el cargo durante dos períodos, entre 2013 y 2019, y con él se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la oposición a Rafael Correa, cuya política frente a los movimientos sociales consistía en crear los suyos propios y aniquilar los existentes. Para entonces ya había enviudado y se había vuelto a emparejar, esta vez con la periodista y activista francesa Manuela Picq. Y contra ellos se siguió ensañando el correísmo y la Policía que el ministro del Interior, José Serrano, convirtió en una banda de gorilas dedicados al escarmiento selectivo y que actuó con impunidad durante la fuerte ola de manifestaciones de 2015.

Los hechos son indudables: hay videos de cómo un grupo de policías montados arremetieron contra Yaku y luego lo molieron a palos, lo arrastraron fuera del parque de El Ejido y lo dejaron tirado sobre la calzada de la avenida 6 de Diciembre.

También está registrada la violenta detención de Manuela Picq, cuya posterior expulsión del país se convirtió en una de las historias de abuso más flagrantes del decenio correísta. Y en una telenovela con ingredientes de amor, separación forzosa y matrimonio con ritual indígena que disparó la popularidad del presidente de la Ecuarunari. Fue probablemente el ingrediente de Picq el que añadió a la figura de Pérez un carácter diferente al del tradicional dirigente indígena. En un movimiento que se caracteriza por su machismo y su conservadurismo en temas de moral individual y vida diaria, Pérez es feminista, panteísta, new age, yoga y vegetariano. Un bicho raro para los estándares de la Conaie. Sin embargo, conserva la mayoría de los rasgos ideológicos del clásico compañero de ruta: colectivista, estatista, defensor de los subsidios, incluso el de la gasolina, en abierta contradicción con sus convicciones ecologistas. Pérez no termina de dar el paso que lo aproxime a la construcción de algo parecido a una nueva izquierda.

Confirma esta ambigüedad su participación en el levantamiento de octubre de 2019, que derivó en un intento de golpe de Estado y se convirtió en el episodio más violento de la historia ecuatoriana reciente. Pérez participó en la toma del edificio de la Asamblea Nacional, y existe un video en el que aparece, minutos antes de la acción, anunciando su voluntad de instalar ahí un “parlamento de los pueblos”. 

Para ese entonces ya era prefecto del Azuay, cargo al que llegó tras una campaña muy peculiar en la que su único ofrecimiento fue impulsar una consulta popular para prohibir la minería en los páramos de la provincia. Ni carreteras, ni mercados, ni obra pública: solo agua. Había ganado una consulta similar en el cantón Girón, que expulsó a la minera canadiense INV Metals de su territorio. A la hora de replicar la experiencia a escala provincial, tuvo muchos problemas: perdió el apoyo de los municipios y no consiguió aprobar su lista de preguntas en la Corte Constitucional. Sin embargo, una vez que estalló la sublevación de octubre, dejó su agenda ecologista en suspenso y se unió a las protestas en defensa del subsidio de los combustibles fósiles. Esa actuación acarreó un retroceso enorme para la causa antiminera, que solamente sobrevivió por iniciativa del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.

Sin haber conseguido su objetivo, Yaku Pérez renunció a la Prefectura para postularse como candidato a presidente. Su eventual presencia en una segunda vuelta es la mayor sorpresa de las elecciones, pues ni siquiera había logrado consolidar la unidad del movimiento indígena, dividido entre los radicales de Leonidas Iza y Jaime Vargas y los moderados que lo apoyan. Su triunfo es la demostración de que el new age también puede ganar elecciones.