¿Votar sin teléfono celular en Ecuador? La prohibición tendría un piso débil

La segunda vuelta de las elecciones podría celebrarse con nuevas reglas para los votantes. Las eventuales modificaciones se darían luego de que los ministros del presidente Daniel Noboa mantuvieron reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar que se prohíba el uso del celular en el balotaje, a realizarse el próximo 13 de abril. 

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Según ha señalado el Gobierno, con ello busca evitar que grupos criminales extorsionen o presionen a los electores para que envíen la foto de su voto.

La Función Electoral tiene que decidir si acoge o no la petición del Ejecutivo, a poco más de un mes de la segunda vuelta. En caso de hacerlo, debe definir las nuevas disposiciones en un reglamento y comunicarlo.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (actual CNE), considera que el requerimiento es factible, pues existe base legal para hacerlo y el Consejo puede aplicarlo con una decisión administrativa. “La Constitución y la ley garantizan el secreto del voto. Buscan proteger la identidad de la persona que tiene una preferencia electoral o política”.

Explica que Ecuador tiene amplia experiencia al respecto porque, anteriormente, el sigilo no solo se aplicaba al sufragio, sino que también se prohibía que las fichas de afiliación a una u otra organización estén en manos del organismo electoral. “Solamente el Tribunal verificaba y se les devolvía porque en esa época se veía que el país no tenía madurez política”, menciona.

La exautoridad electoral reitera que la reserva del voto siempre apunta a precautelar la seguridad del elector, pues su decisión puede ser objeto de represión en distintas situaciones. “Incluso ahora podemos ver que Nicolás Maduro amenaza en Venezuela que ‘si no votan por mí, van a ver las consecuencias’ y castiga a quienes votaron en contra. Mientras que en Ecuador es más grave porque se ha detectado que grupos narcoterroristas están amenazando que, si votan por una candidatura, pueden tener represalias”, resalta.

¿Qué se requiere para aprobar la resolución?

No obstante, la posible resolución que adopte el CNE debe ser motivada. “La Constitución dice que todas las decisiones que tomen las autoridades públicas deben expresar las razones, normas y principios, y explicar cómo se aplican a los antecedentes de hecho, como los que se han mencionado de amenaza o coerción en contra de los electores”, explica Gabriela León, coordinadora de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad UISEK.

La especialista manifiesta que el Gobierno debe aportar al CNE la información de las denuncias de los supuestos amedrentamientos, para evitar que esa solicitud “parezca más una estrategia electoral que hará restringir el derecho que tenemos las personas para tener nuestro celular y sacarle la foto al voto, porque el secreto es para el votante. Si luego quiero decir por quién voté, es mi libertad decirlo. Lo que no puede pasar es que otro quite el carácter de secreto a mi sufragio”, aclara.

El consultor político Oswaldo Moreno tiene su criterio: “Me parece que el Gobierno sigue empantanado en la derrota de la primera vuelta porque apostó, o le hicieron creer, de un triunfo en primera. Esto de los celulares, primero, afecta los derechos de los ciudadanos de ir a la urna como quieran, porque con el teléfono no pueden alterar una papeleta; y segundo, prolonga el relato comunicacional del fraude imaginario de un CNE que a luces claras es más afín al Gobierno. Para mí, es un error que comete”.

¿Cuán efectiva es la medida para la seguridad del votante?

Los expertos tienen opiniones divididas. “El problema de seguridad de Ecuador no es del día de las elecciones, es estructural. Podría generar una especie de rechazo y castigo por parte de los electores que se sientan invadidos”, observa Moreno.

Oleas, en cambio, prevé que la prohibición daría garantías del “respeto a las libertades individuales que tienen todas las personas, quienes no pueden ser coercionadas por su forma de pensar, opinar o dar su preferencia electoral”.

Para León, lo primero que se requiere es que las instituciones de seguridad pública funcionen. “Lo que menos debería importarnos es si la gente entra o no con el celular, sino las amenazas de muerte que están recibiendo a propósito de su derecho al voto. Esto debería estar en conocimiento de la Fiscalía”.

Además, plantea los vacíos sobre la operatividad de la medida. “¿Cómo se asegurará que no lleven el celular? ¿Nos van a registrar? ¿Quién lo hará? ¿Van a hacer un cacheo? Hay que tener mucho cuidado con las libertades personales”, subraya.

El CNE espera los informes

El tema aún no llega al Pleno. En las últimas sesiones solo se ha abordado lo correspondiente a las impugnaciones a actas electorales de primera vuelta. 

El vocal José Cabrera dijo en radio Quito que solicitaron al régimen que entregue por escrito la información sobre las amenazas a los votantes, para presentar los informes a las áreas técnicas y jurídicas. Luego el Pleno del CNE decidirá.

• Balotaje. Según el calendario del CNE, la campaña de segunda vuelta arrancará el 24 de marzo y las elecciones serán el 13 de abril.

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