La emergencia sanitaria que se decretó el 16 de marzo, por el peligroso avance del coronavirus, ratificó la solidaridad de nuestra gente en tiempos de crisis. No obstante, la COVID-19 desveló también ese lado inhumano que contagia y afiebra a nuestra sociedad: la corrupción.

¿Qué tan capacitados estamos para luchar contra esa pandemia que, en paralelo, afecta letalmente a la población? Según Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, una empresa de consultoría especializada en riesgos globales, Ecuador ocupa el noveno lugar de quince países de la región en capacidad de lucha contra la corrupción.

La información, proporcionada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se basa en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, una herramienta analítica basada en datos para evaluar la capacidad de las naciones latinoamericanas para descubrir, castigar y detener la corrupción. “El Índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras la pandemia de COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región”, señala Roberto Simon, director sénior de políticas públicas de AS/COA.

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La herramienta evalúa y clasifica a los Estados de acuerdo con la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.

“A pesar del progreso significativo en la lucha contra la corrupción en la administración de Lenín Moreno, el puntaje general de Ecuador todavía está por debajo del promedio regional. El sistema ecuatoriano funciona (...) pobremente en áreas críticas bajo la subcategoría de capacidad legal, como independencia judicial y eficiencia, y recursos para combatir la delincuencia de cuello blanco”, detalla el informe.

Aun así, añade, Ecuador tuvo desarrollos positivos en las variables medidas en el frente de capacidad legal, particularmente en la aplicación, con acciones contra exlíderes políticos y empresariales.

El país se anota dos puntos por encima del promedio regional en colaboración internacional, impulsado por intercambios como en el caso Odebrecht. Se resaltan las sentencias al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas en el llamado caso Sobornos; y a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, por el caso Diezmos.

Antes del 3 de junio, las investigaciones fiscales por delitos de corrupción se concentraban en Quito. Pero la avalancha de casos a nivel nacional, prácticamente obligó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a incrementar su contingente operativo. Ese día, la FGE puso en marcha la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria (FTM), creada para investigar denuncias que señalan a empresarios, funcionarios y servidores públicos que se habrían aprovechado de la emergencia sanitaria para ‘hacer su agosto’, con contratos para la adquisición de insumos médicos, pruebas rápidas, fundas para cadáveres; todo, con precios que sobrepasan los valores reales en el mercado.

La FTM, conformada por más de 40 personas, 37 de estas fiscales (4 provinciales), junto a 3 expertos en contratación pública y análisis financiero, se alzó en su primera operación con la detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por un presunto delito de tráfico de influencias; y del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, quien es investigado por presunto peculado, pero fue procesado por tráfico de armas. Durante el allanamiento en su domicilio, los agentes encontraron una pistola que no tenía el permiso legal.

Son 51 causas las que presentarán ante los jueces, anunció la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien cuestionó las resoluciones judiciales que ordenaron medidas alternativas a la prisión en esos casos.

EXPRESO solicitó una entrevista a la Fiscalía General del Estado, para conocer el trabajo que despliega la nueva unidad de lucha contra la corrupción. La respuesta fue: “Por el momento no tenemos autorización para dar paso a entrevistas sobre el funcionamiento de la Fuerza de Tarea, por motivos de seguridad de los procesos y del personal”.

DETALLE

Sitio. Ecuador está en el ranking con 4,19 sobre 10. Mientras que Uruguay con 7,78, es decir con más probabilidades de descubrir, castigar y detener la corrupción.

Proveedor de hospital público fue a prisión por millonario perjuicio al Estado

La Fiscalía General del Estado sumó un nuevo proceso penal por presuntos actos de corrupción en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta vez formuló cargos por el delito de peculado en contra de David Rolando Cevallos Fonseca, proveedor del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil. Ayer el hombre pasó a la Penitenciaría del Litoral.

Cevallos fue detenido el pasado 13 de junio, por denuncias que lo involucran en un contrato “direccionado”, de cinco que se presentaron con “un sobreprecio de más de 3 millones de dólares” por la adquisición de medicinas, con respecto al valor real, que es de $ 910.000, según expuso la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos.

La Comisión Anticorrupción denunció que se pagaron 5 millones de dólares, pero se debió pagar 2 millones, en procesos que la gerencia general del Teodoro Maldonado aplicó como “compras emergentes”.

Según el acta de la audiencia subida al Sistema Judicial Ecuatoriano (Satje), la defensa de Cevallos argumentó que su cliente participó en "un concurso de contratación pública de los hospitales, la Fiscalia no indica cual es la participación exacta de mi defendido, la Fiscalía dice que existe un sobreprecio de 162.000 mil dólares. El convenio de pago se realizó en el 2018, y recién se comenzó a pagar en este año 2020, mi defendido no se ha beneficiado de una ganancia porque ni siquiera se ha contratado, mi defendido no trabaja como funcionario en el hospital (...)".