Todas las investigaciones por posibles actos de corrupción que involucren las contrataciones por la emergencia sanitaria por el coronavirus serán manejadas desde Quito. La fiscal Diana Salazar informó este lunes 1 de junio que ha conformado una Fuerza de Tarea con fiscales especializados que van a conocer los casos que se generen a raíz de la emergencia. Salazar dijo que el objetivo es garantizar objetividad en las investigaciones, unificar procedimientos investigativos, evitar impunidad y blindar los casos de presiones de políticas o conflictos de intereses que se puedan generar las provincias.

“Sabemos que quizá algunos gobiernos provinciales van a ser objeto de investigaciones y que en las circunscripciones se manejan con el conocimiento, parentesco, con la familiaridad de todas estas personas y puede que los fiscales provinciales no tengan esta imparcialidad para investigar a estas personas”, reconoció en un conversatorio con periodistas. La resolución es la 036. Con ella se conforma esa Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que será liderada por la fiscal y contará con el apoyo y coordinación de la fiscal Ivonne Proaño. 

La Fiscalía ha abierto ya 45 expedientes que serán conocidos por las fiscales de la Unidad de Transparencia. Se sumarán a las investigaciones cinco fiscales antilavado de activos. La fiscal presume que pueden existir sospechosos con fuero provincial, como prefectos y alcaldes y por eso sumó a los fiscales provinciales Manabí, Guayas, Carchi, y Chimborazo a las pesquisas. Habrá además un coordinador y otros tres expertos en contratación pública y en análisis financiero. Contará con el apoyo de 24 fiscales, uno en cada provincia que puedan hacer actividades propias de la localidad. Habrá un pedido al ministerio de Gobierno para que conforme una Unidad Interagencial, con agentes especializados en esa clase de investigaciones.

Salazar señaló que las 45 noticias del delito que han llegado a la Fiscalía por distintas vías están en varias provincias, entre ellas Guayas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo, Tungurahua, Loja Bolívar, Azuay, El Oro e Imbabura. De los 45 casos, 40 tienen fuero ordinario, cuatro tendrían fuero provincial y una, la de Alexandra Ocles, fuero nacional.

Entre otros delitos se presume: peculado, tráfico de influencias alteración de evidencias y elementos de prueba, porque en uno de los allanamientos una trató de esconder los documentos, cohecho, concusión e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente por el mal manejo de cadáveres en Guayaquil.

Hay dos instrucciones fiscales. La una en el caso de Ocles y otra por el hospital Los Ceibos y 43 en investigación previa. Salazar aseguró que la preocupación de la Fiscalía es que los 43 casos no queden solo en allanamientos y que después de dos años no haya pasado nada.

La Contraloría, por su parte, ha iniciado acciones de control a cerca de 200 contrataciones derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19. De ellas más de 60 involucran a los GADS provinciales, municipales y parroquiales. Hay también más de un centenar de auditorías en hospitales públicos, dependencias del IESS y uno a una casa de salud policial.