Violencia en hospitales de Ecuador: médicos bajo amenaza y pacientes en riesgo

La escalada de violencia dentro de los hospitales ecuatorianos ha generado una creciente incertidumbre sobre la operatividad del sistema de salud. Agresiones a personal médico, intrusión de grupos delictivos y riesgos de boicot interno evidencian la vulnerabilidad de estos espacios y el impacto directo en la atención médica. Los ciudadanos observan cómo lugares vitales para la vida se han convertido en escenarios de amenaza constante, afectando la confianza en el sistema hospitalario.

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En el último año, varios hospitales han sido escenario de incidentes graves: el Hospital Docente de Ambato, el Hospital General Monte Sinaí de Guayaquil, el Hospital Carlos Andrade Marín y clínicas de Quito, así como el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil. Estos hechos han requerido la activación del Código Plata y la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para proteger al personal y garantizar la atención de emergencias.

EXPRESO se contactó con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para conocer cómo se gestionan las medidas de seguridad en los centros de salud pública. Hasta ahora, la información institucional sobre protocolos de protección y planes de contingencia es limitada. Expertos coinciden en que las medidas actuales, como el Código Plata, son insuficientes frente a la complejidad de la violencia en los hospitales.

¿Cómo funciona el Código Plata?

El Código Plata es un sistema de alerta diseñado para proteger a pacientes y trabajadores ante incidentes violentos dentro de los hospitales. Sin embargo, su alcance es limitado y no cubre la totalidad de amenazas externas e internas. 

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“Los procesos de seguridad dentro de los hospitales no solamente tienen que ver con la normativa del Código Plata… también involucran vigilancia interna y medidas disuasivas como cámaras y control automatizado de accesos”, explica Francisco Andino, exministro de Salud.

Andino añade que la seguridad hospitalaria requiere un control estricto de accesos, cámaras de alta resolución y automatización de ingreso y salida de vehículos. “Se necesita vigilancia tanto interna como externa, y las cámaras deben estar protegidas para evitar sabotajes. Además, es necesario definir unidades operativas centinelas en hospitales estratégicos como el Naval, el de la Policía y el Militar”, subraya. 

Estas medidas buscan garantizar la atención inmediata de pacientes graves sin exponerlos a riesgos adicionales y asegurar el funcionamiento crítico de los hospitales. Para Mario Pazmiño, experto en seguridad y exdirector de inteligencia del Ejército, cada hospital debe contar con un plan de seguridad integral adaptado a las amenazas específicas del territorio en el que se encuentra. “Cada institución hospitalaria tiene la obligación técnica, profesional y moral de contar con planes de seguridad acordes al espacio y al sector. Esto incluye casos de sicariato, artefactos explosivos o extorsiones a médicos”, explica. 

Según Pazmiño, un centro de análisis de crisis dentro de los hospitales es indispensable para coordinar una respuesta rápida y efectiva frente a emergencias. El especialista detalla que las amenazas no provienen únicamente de familiares armados, sino también de organizaciones criminales que buscan rematar a heridos de sicariato. “Debe existir planificación ante cualquier eventualidad, desde la llegada de un herido hasta la intervención policial y judicial inmediata. No se puede depender solo de una empresa de seguridad con guardias limitados; la coordinación institucional es clave”, enfatiza.

Por su parte, Marcos Molina, exmédico del Hospital Vernaza, resalta la necesidad de incorporar tecnología que permita monitorear la seguridad dentro y alrededor de los hospitales. “Es fundamental contar con software que ayude a vigilar quién ingresa y quién egresa, así como detectar amenazas. Muchas veces no sabemos de dónde llegan los heridos de bala, y apenas llegan debe iniciarse una investigación urgente y eficiente por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía”, explica Molina.

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