Violencia en Guayaquil: ¿Por qué el Cosepe no actúa frente a la crisis?

En medio de una escalada de violencia sin precedentes, el 29 de agosto pasado se reunió el Consejo de Seguridad de Guayas. La sesión, presidida por el gobernador Humberto Plaza, contó con la participación de autoridades locales y nacionales, entre ellas el ministro del Interior, John Reimberg; la prefecta Marcela Aguiñaga; y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otros funcionarios de la provincia.

Entre enero y julio de 2025, Ecuador registró 5.268 homicidios intencionales, de los cuales 2.547 ocurrieron en Guayas. Solo Guayaquil acumuló 1.607 muertes violentas, lo que representa el 30 % del total nacional. La convocatoria del Consejo se dio apenas un día después del asesinato de una familia en el sector Flor de Bastión, un hecho que conmocionó a la ciudad y motivó duras críticas de Álvarez hacia el Gobierno central.

Autoridades piden coordinación frente a la violencia

“Seguiremos insistiendo en que es importante unir esfuerzos para trabajar por la seguridad de esta ciudad”, expresó Álvarez en ese momento, quien además lamentó la falta de coordinación con el Ejecutivo. Por su parte, el ministro Reimberg aseguró que “se tomarán decisiones correctas para Guayaquil, la provincia y el país”, aunque reconoció que aún hay tareas pendientes.

No obstante, en medio de la crisis, expertos también se preguntan por el trabajo que está realizando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), órgano encargado de definir las políticas de seguridad nacional y que no ha tenido mayores novedades desde junio de 2025. En aquella ocasión, los integrantes del Cosepe se reunieron en Durán para evaluar las estrategias de seguridad en el país en medio de un contexto violento.

Inacción del Cosepe genera preocupación ciudadana y jurídica

Este Diario intentó contactarse con la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, para conocer detalles sobre el trabajo que ha realizado este organismo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Este panorama, de acuerdo con la socióloga María Fernanda Cortez, experta en violencia urbana, evidencia que “la fragmentación institucional y la falta de liderazgo claro en la estrategia de seguridad están debilitando la capacidad de respuesta del Estado”.

Expertos exigen acción y cumplimiento de la ley

La inactividad también genera preocupación en el ámbito jurídico. La constitucionalista Carolina Calderón afirmó que “el Cosepe debería ser el ente rector de la política de seguridad, pero su inacción refleja una desconexión con la urgencia del momento”.

En ese mismo sentido, el analista en seguridad ciudadana Wagner Bravo sostiene: “De una u otra manera, está claro que no está funcionando. El Consejo solo se reúne ocasionalmente, cuando debería estar en sesión permanente y operando como un comité de crisis, porque estamos en una guerra. No necesariamente deben estar los miembros principales todo el tiempo, pero sí deberían designarse delegados que monitoreen cómo avanzan las operaciones y qué acciones se deben tomar”.

El sistema de seguridad pública del Estado está regulado por una ley que debe cumplirse. En esa normativa se establece la existencia del Consejo de Seguridad Pública del Estado. “Simplemente hay que cumplir la ley. El Cosepe es el órgano de seguridad más alto que asesora al presidente. En su conformación participan autoridades de alto nivel como el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Asamblea, el defensor del Pueblo, el titular del Consejo de la Judicatura, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el jefe del Comando Conjunto y el comandante general de la Policía”, señala Bravo.

No obstante, Bravo advierte que “los consejos de seguridad suelen ser espacios de coordinación política más que operativa. Si no hay indicadores medibles y seguimiento, se corre el riesgo de que se conviertan en actos simbólicos”.

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