Violencia y crimen organizado, crisis atendida con más instrucciones de forma que de fondo

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Violencia y crimen organizado, crisis atendida con más instrucciones de forma que de fondo

El cambio en los altos mandos no arroja los resultados esperados

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Acciones. El Gobierno Nacional ha decretado estado de excepción en varios sectores del país para paliar la cifra ola de violencia que vive el paísCortesía

Cambios que no arrojan resultados. Durante el año 2022, el Gobierno Nacional  ha realizado cambios en la cúpula militar y policial como parte de una estrategia que promete hacer frente a la crisis de inseguridad que vive el país. Sin embargo, y pese a reforzar estas variaciones con un estado de excepción parcializado y la dotación de más elementos policiales e indumentaria, las cifras demuestran que el problema de la inseguridad y del crimen organizado ha sido intervenido más de forma que de fondo.

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El primer cambio en la Policía Nacional se dio el 23 de enero de 2022, cuando el presidente Guillermo Lasso cesó de sus funciones a la comandante general Tanya Varela y en su lugar posicionó al general Carlos Fernando Cabrera. Esto como respuesta a los hechos violentos que se registraron durante ese fin de semana en un sector de Guayaquil.

Cuatro meses después, la historia se repite. El primer mandatario relevó de sus funciones a Cabrera y posesionó en su cargo, el pasado 5 de mayo, al general de distrito Fausto Lenin Salinas. Cambios que no han detenido ni evitado las 1.357 muertes violentas que se registraron de enero a mayo de 2022. Son 640 más que las reportadas durante ese mismo periodo en 2021.

Para Víctor Arauz, exgeneral de la Policía Nacional, los cambios que realiza el Gobierno son y serán infructuosos mientras no se tome el control de los centros penitenciarios del país.

Mientras no se tome el control de la cárceles, los cambios serán infructuoso. 

Víctor Arauz, 
​exgeneral de la Policía Nacional

El exfuncionario explica que las instituciones cuentan con la información necesaria para ejecutar acciones. “Se sabe cuáles son las organizaciones delictivas y quiénes son sus líderes. ¿Por qué no se somete a estas personas a un verdadero sistema penitenciario que no viole sus derechos, pero que tampoco dé privilegios? Por ejemplo, la comunicación. Desde las cárceles siguen ordenando y realizando sus actividades ilícitas. Les aseguro que si se los sometiera a una verdadera rehabilitación, las muertes violentas se reducirían significativamente en el país”, afirma Arauz.

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A estos cambios se suman los de la cúpula militar. El pasado 5 de mayo, vía decreto presidencial, fueron renovados tres de los altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Aérea.

Fernando Carrión, especialista en temas de seguridad ciudadana, urbanismo y narcotráfico, traduce este y otros cambios en inestabilidad.

“El problema radica en que el Gobierno Nacional no ha podido desarrollar y sostener una política de Estado para enfrentar esta problemática, debido a la inestabilidad que hay en los cuadros dirigenciales”, argumenta Carrión, quien explica que estas variaciones de los altos directivos del Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y otras instituciones solo evidencian el problema estructural que tiene la administración de Guillermo Lasso.

Para el analista político Gonzalo Albán, la estrategia de rotar a los directivos a cargo de las instituciones en general puede, con suerte, generar un cambio de estrategia, pero no garantizar los resultados esperados.

Albán plantea que para hacer frente a la ola de violencia que hay en el país y erradicarla de raíz, el Gobierno debe trazar el camino a seguir, tener una visión ordenada de la realidad y crear una política pública que, en la práctica, sea contundente y que al ejecutarla con liderazgo, se traduzca en los resultados que espera la ciudadanía desde hace muchos años.