El 6 de mayo pasado, la Corte Constitucional estableció fecha para resolver los pedidos de inconstitucionalidad que las reformas a la Ley de Educación (LOEI) enfrentan. La audiencia será el 12 de mayo próximo y será sustanciada por el presidente de la Corte, Alí Lozada.

Además de tratar la objeción por inconstitucionalidad presentada por el presidente Lasso, el magistrado resolverá dos causas más: una particular y otra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La particular fue presentada por el jurista Luis Javier Bustos, quien argumenta que las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional crean una obligación económica para el Estado, que no tiene financiamiento.

Según Bustos, esa es una atribución exclusiva del presidente de la República. Asimismo, el jurista señala que la eliminación de la edad mínima para la jubilación afectará el presupuesto general del Estado, porque implicará que el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte pague más años.

En ese sentido, Bustos también indica que el incremento salarial a los maestros implica un aumento en el gasto corriente, que tampoco tiene fuentes de financiamiento.

Argumento que Bustos apoya en el pronunciamiento que hizo el entonces ministro de Economía del Gobierno de Moreno, Mauricio Pozo, sobre un impacto del 10 % al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Por su parte, el Seguro Social pide la inconstitucionalidad de las reformas a la LOEI por la jubilación especial que el Legislativo aprobó. Según indicó el IESS, este cambio no cuenta con los estudios financieros ni actuariales que lo sostengan en el tiempo.

Por otro lado, la Unión Nacional de Educadores (UNE) hace hincapié en que, en una primera instancia, la Corte aprobó las reformas de la Asamblea Nacional y que se subsanó lo señalado por los magistrados.

Sin embargo, ante el pedido de inconstitucionalidad del presidente Lasso a las reformas de la LOEI, el 3 de mayo pasado, el magisterio decidió empezar una huelga de hambre afuera de las instalaciones de la Corte en Quito y en la plaza San Francisco de Guayaquil.

Ayer, seis días después de empezar la huelga, la UNE impulsó el cierre de varias carreteras de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Manabí y otras.

Según informó el magisterio, la toma de carreteras se aplicó “en defensa de la equiparación salarial y en solidaridad con la huelga de hambre”.

Por su parte, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, adelantó que las movilizaciones continuarán hasta el 12 de mayo próximo, cuando la Corte trate los pedidos de inconstitucionalidad.

Asimismo, señaló que para el día de la audiencia se prevé que asistan delegaciones provinciales para agolparse afuera de la Corte Constitucional.

Según indica el magisterio, luego de ser aprobadas las reformas en segundo debate por el Parlamento, solo queda que los magistrados levanten la suspensión de la ley para que el Gobierno cumpla inmediatamente con la nueva normativa.

El 13 de marzo pasado, con 113 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Educación Intercultural (LOEI).