La sesión de la Comisión de Fiscalización terminó entre acusaciones. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, en medio del razonamiento de su voto señaló a la asambleísta Mireya Pazmiño, de las filas rebeldes de Pachakutik, de solicitar a Bruno Segovia que asuma la Presidencia de la mesa y además de ser quien gestionara que los dos procesos de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sean abordados por separado y no unificados. "El país tiene que saber que fue usted (dirigiéndose a Bruno Segovia) quien me dijo que la proponente de este juicio político, Mireya Pazmiño le solicitó a usted que asuma la Presidencia de la Comisión. Y también debo decir que fue la misma Mireya Pazmiño quien pidió que dividamos este juicio y que no permitamos que vayamos a un juicio unificado. Jamás voy a callar. El país debe saber. Aquí está Presidencia de la Comisión. Si tienen seis votos, súmenlos y hagan ustedes el trabajo sucio", dijo Villavicencio.

Estas acusaciones originaron la reacción de Segovia quien pidió la palabra, la cual fue negada por Villavicencio dado que había clausurado la sesión. La legisladora Gabriela Molina, de las filas de UNES, pidió la reconsideración de la votación, lo que también fue negado hasta la siguiente sesión. EXPRESO intentó conversar con el legislador Segovia. Marcó a su número telefónico y le envió mensajes por WhatsApp sin respuesta hasta el cierre de este nota.

Quien sí accedió a conversar con este Diario fue la legisladora Pazmiño quien reconoció que pidió que ambos juicios sean tratados de manera independiente por el siguiente motivo: "Yo no quiero estar sustanciado con el asambleísta Ricardo Vanegas quien muchas veces ha tenido un inadecuado comportamiento nada coherente entre lo que dice y lo que hace".  Reconoció también que en varias ocasiones ha manifestado que la mesa de Fiscalización debería ser presidida por una persona "honesta" e "independiente de cualquier línea política", pero no a modo de oferta. 

La sesión de hoy, 29 de agosto de 2022, la mesa de Fiscalización abordó dos procesos de juicios políticos en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El primero fue planteado por la legisladora Pazmiño junto con su par Ángel Maita en contra de los vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Mientras que el segundo fue presentado en contra de los antes mencionados más los vocales restantes: Sofía Almeida, David Rosero y Juan José Dávalos.  

La vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero, mocionó la unificación de ambos procesos dado que los interpelados, en el caso de cuatro de ellos, son los mismos y además existe conexión entre los hechos. "Los juicios políticos se sustancian por una única causal que es el incumplimiento de funciones que de esa causal se deriven uno u otros hechos es lo que sustenta el juicio... En estos casos concretos (los juicios políticos) son por la designación de autoridades, tienen en común la designación del Superintendente de Ordenamiento y Control Territorial. Esa es una conexión evidente", explicó Cordero. Sin embargo, la moción no alcanzó los votos necesarios: cuatro votos a favor y cinco en contra. 

La solicitud de juicio político presentada por Pazmiño y Maita en contra de cuatro vocales de mayoría del CPCCS fue sometida a votación y obtuvo los cinco votos necesario para su aprobación e inicio de trámite. En medio de esta votación es que se dieron las acusaciones de Villavicencio en contra de Segovia y Pazmiño.