Se esperaba una respuesta como la que se dio. La Asamblea Nacional no reacciona con sorpresa ante el veto parcial a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Hay dos corrientes que hablan del documento enviado por el presidente de la República, Lenín Moreno. La discusión iniciará de inmediato en la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo.

Quienes impulsaron la ley y lograron su aprobación -con una sola abstención- creen que la normativa es positiva y necesaria para que en el Ecuador no queden impunes los delitos por corrupción. Luego de años de delitos contra el Estado se avisora una norma que sancione y castigue a los políticos y empresarios que busquen el enriquecimiento ilícito.

Desafortunadamente, dicen esas mismas voces, el gobierno de Lenín Moreno no parece buscar lo mismo. Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, criticó duramente el veto del Ejecutivo. Dijo que se está contribuyendo con los delitos que tomaron fuerza durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

“Lenín Moreno ha actuado en contra del clamor de los ecuatorianos que quieren que se recuperen los dineros del Estado”, resaltó.

El primer mandatario, en su veto parcial que también es elevado hasta la Corte Constitucional, habla de principios de la ley que irían en contra de la Constitución de la República. Exactamente menciona a la imprescriptibilidad y a la retrospectividad que se estipulan en la ley que busca recuperar el dinero que pierde el país por actos de corrupción.

Tello cree que mencionar ese punto carece de sentido porque en otros países ya se aplican leyes de extinción de dominio con características similares y no se atenta contra principios y derechos universales.

Otro de los impulsores de la norma es el legislador Fabricio Villamar. En conversación con EXPRESO, el asambleísta cree que es positivo que no exista un veto total porque eso garantiza que el Ecuador contará con una normativa para recuperar lo robado.

¿Qué tipo de ley será sino se cuenta con los principios de imprescriptibilidad y retrospectividad? “Una ley débil y que deja en la impunidad” varios casos, asegura Villamar. Él espera, como Tello, que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la ley para que esos principios sean tomados en cuenta y sean parte de la norma nueva.

Villamar agrega que el veto presidencial podría tener otra motivación más allá de la constitucionalidad o no de la ley. Los resultados electorales, dice, provocaron que el actual gobierno mire con cautela el futuro. Una Asamblea conformada, aunque no en una mayoría pero si en un número importante, por integrantes del correato podría tener represalias contra los actuales funcionarios.

En otras palabras, la fuerza del expresidente Correa sumada a una ley de Extinción de Dominio que aplique la retrospectividad pondría en aprietos a los actuales miembros del gabinete presidencial.

Esa sería la explicación, agrega Villamar, por la que una ley que fue impulsada por el mismo gobierno (con la Secretaría Anticorrupción) ahora sea impugnada y mal vista por otra entidad del Ejecutivo (la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República).

Sin importar la motivación, la otra mirada del veto presidencial da cuenta de que se advirtió de la inconstitucionalidad de los conceptos antes de que se apruebe la norma. El asambleísta independiente Héctor Muñoz, durante los debates y discusiones sobre la norma, dijo que se podrían evidenciar indicios de ilegalidad en los fundamentos que ahora son cuestionados. Él agrega el uso y distribución de preasignaciones.

“Las preasignaciones permitidas están detalladas en la Constitución y lo que se pretendía poner en la norma aprobada por la Asamblea no estaba contemplado”, dijo.